En una extensa comunicación pública dirigida al presidente panameño, José Raúl Mulino, la cacica exige "el cese inmediato de la persecución, hostigamiento, uso excesivo de la fuerza, violaciones de derechos humanos y la criminalización de las protestas por parte de todos los estamentos de seguridad del Estado".
Esto ante "las actuaciones de represión, hostigamiento, amenaza y criminalización del derecho constitucional a huelga y manifestaciones", dijo la cacica de la comarca Ngäbe Buglé, una de las seis que tiene Panamá, un país donde cerca del 17 % de la población se identifica como originaria.
Las protestas iniciadas hace más de dos semanas se han desarrollado con especial virulencia en la provincia occidental de Bocas del Toro, que colinda con la comarca Ngäbe Buglé y que se encuentra prácticamente sitiada por bloqueos a carreteras por parte de grupos de manifestantes.
La huelga docente en el sector público y en la construcción está acompañada de protestas callejeras lideradas por sindicalistas, que en la capital y algunas otras ciudades obstruyen parcialmente algunas vías.
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La situación más grave se registra en dos de las 10 provincias de Panamá, como son Veraguas y Bocas del Toro, donde pequeños grupos especialmente de indígenas bloquean con árboles y piezas de concreto la vía Interamericana, que atraviesa el país y lo conecta con Centroamérica, ante lo cual actúan las fuerzas antimotines para mantener despejada esta arteria, vital para el comercio regional.
En Bocas del Toro ya escasean productos básicos y la transnacional Chiquita, que cuenta allí con unas 26 fincas productivas, registra pérdidas millonarias, ante lo cual ya anunció el cierre definitivo de una parte del negocio y movido a la vecina Costa Rica a su personal administrativo.
El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, dijo el martes que durante las protestas se han dado "más de 480 cierres" de calles a nivel nacional, en los cuales "196 personas han sido aprehendidas".
Mulino dijo este jueves que impedirá que los grupos sindicales que protestan contra una serie de iniciativas de su Gobierno tranquen el país.
El presidente sostuvo que la reforma a la seguridad social "no se va a derogar", no solo porque mejora el sistema pensional sino porque de ella depende también la salud de las finanzas del país y su acceso a los mercados internacionales de crédito.
Los sindicatos en huelga denuncian que la reforma desmejora las pensiones y privatiza el sistema, y acusan al Gobierno de Mulino de neoliberal.