Mediante un comunicado divulgado este lunes, el Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León indicó que la decisión de la Sala de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco que emitió la orden de captura no cuenta "con respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional", por lo que manifestó su rechazo "enfáticamente" a la misma.
"Estas medidas carecen de sustento legal y vulneran el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)", expuso el Gobierno de Arévalo de León.
La orden de detención fue emitida por la cuestionada Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco y obedece a supuestas irregularidades durante el trabajo de Velásquez y Camargo en la Cicig por el caso Odebrecht, según detallaron medios locales.
Dicha Sala de Apelaciones ha sido señalada por diversos expertos en temas judiciales por sus resoluciones en contra de la libertad del periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado desde hace más de mil días sin cargos probados en su contra.
La sala, presidida por el abogado Alejandro Prado, también ha tenido a cargo dictámenes en contra del partido oficial, Movimiento Semilla, del exfiscal anticorrupción Stuardo Campo y de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral por las elecciones de 2023.
Zamora Marroquín y Campo son considerados como "presos políticos" por organizaciones sociales debido a su lucha contra la corrupción que los ha llevado a la cárcel.
El Gobierno de Arévalo de León añadió en el comunicado que "ya está en contacto con las autoridades del hermano país de Colombia" para las "aclaraciones diplomáticas correspondan".
Sin facultad de emitir órdenes de captura
La decisión de este lunes de la Sala de Apelaciones fue además criticada por el exfiscal anticorrupción guatemalteco Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos, quien recordó en sus redes sociales que los magistrados de apelaciones no cuentan con la facultad de emitir órdenes de aprehensión, de acuerdo a la ley guatemalteca.
La solicitud de detención fue planteada por el Ministerio Público, cuya cúpula se encuentra sancionada por Estados Unidos bajo señalamientos de corrupción y por intentar derribar los resultados electorales de 2023 que llevaron a la Presidencia a Bernardo Arévalo de León.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, bajo el mando de Velásquez y con la participación de Camargo, desmanteló entre 2014 y 2019 más de un centenar de estructuras de corrupción dentro del Estado, en su mayoría comandadas por políticos, empresarios y funcionarios.
Velásquez fue también ministro de Defensa en el gobierno del presidente Gustavo Petro y ahora se desempeña como embajador de Colombia ante El Vaticano.
En 2024, la ONU recordó a las autoridades de Guatemala que los funcionarios extranjeros que formaron parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) siguen gozando de inmunidad en virtud del acuerdo por el que se estableció ese órgano.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia había afirmado este lunes que la orden de captura "carece de sustento jurídico" y "constituye un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional".