Estados Unidos atacó este puerto, uno de los tres que operan en la ciudad de Al Hodeida y por donde transita aproximadamente el 80 % de la ayuda humanitaria del Yemen, como parte de su campaña militar contra los hutíes, grupo rebelde apoyado por Irán que controla gran parte del país.
“La decisión del gobierno estadounidense de atacar el puerto de Ras Issa, un punto de entrada crucial para la ayuda humanitaria en Yemen, mientras cientos de trabajadores estaban presentes, demuestra una cruel indiferencia hacia la vida de los civiles”, declaró Niku Jafarnia, investigadora de HRW sobre Yemen y Bahréin.
Fuentes de HRW en el país afirmaron que los hutíes han amenazado y, según informes, arrestado a personas de las zonas afectadas por los ataques estadounidenses por hablar con los medios de comunicación u organizaciones no gubernamentales, lo que dificulta verificar la información.
El Comando Central de EE.UU. declaró el 17 de abril sobre los ataques que "las fuerzas estadounidenses tomaron medidas para eliminar esta fuente de combustible para los terroristas hutíes respaldados por Irán y privarlos de los ingresos ilegales que han financiado sus esfuerzos por aterrorizar a toda la región durante más de 10 años. El objetivo de estos ataques era degradar su fuente de poder económico".
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HRW explica en su nota que el derecho internacional humanitario aplicable durante los combates en Yemen prohíbe los ataques deliberados, indiscriminados o desproporcionados contra civiles y bienes de carácter civil. Un ataque que no esté dirigido a un objetivo militar específico se considera indiscriminado, además, es desproporcionado si la pérdida de civiles prevista es excesiva en comparación con la ganancia militar.
Atacar el depósito de combustible del puerto por ser una "fuente de poder económico de los hutíes" o por proporcionarles ingresos haría que prácticamente cualquier entidad que proporcionara beneficios económicos fuera objeto de un ataque militar, avisa la organización.
“Los recientes ataques aéreos estadounidenses en Yemen son solo los últimos que han causado daños a civiles en el país en las últimas dos décadas”, declaró Jafarnia. “El gobierno de Trump debería revertir las prácticas estadounidenses del pasado y compensar con prontitud a quienes sufrieron daños ilegales”.
Estos bombardeos comenzaron el 15 de marzo y continuaron hasta el 6 de mayo, cuando el presidente Donald Trump anunció su fin tras llegar a un acuerdo con los rebeldes. El Departamento de Defensa de Estados Unidos afirmó haber llevado a cabo más de 1.000 ataques entre el 15 de marzo y el 29 de abril.