"La reciente inclusión de Venezuela en listas de restricciones migratorias por parte del Gobierno de los Estados Unidos es una medida que termina afectando a quienes más han sufrido: los venezolanos inocentes que escapan del régimen de Nicolás Maduro", manifestó PJ en un comunicado publicado en su cuenta de X.
A juicio del partido, los venezolanos "no deben ser castigados dos veces", ya que -agregó- "han sido forzados a abandonar su país" por la Administración de Maduro que "los persigue, los empobrece y les arrebata sus derechos".
"Hacemos un llamado respetuoso pero firme a las autoridades norteamericanas para que reconsideren esta decisión. Las políticas migratorias deben distinguir con claridad entre quienes sostienen al régimen criminal y quienes han sido víctimas de él", manifestó.
Para PJ, "hoy más que nunca" se necesita "una política coherente con los valores de libertad y derechos humanos" que aseguró compartir con el "mundo democrático".
El miércoles, el Gobierno de Donald Trump anunció un decreto presidencial que prohíbe la entrada a EE.UU. de los ciudadanos de 12 países: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo (Brazaville), Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.
A su vez, restringe la entrada de los ciudadanos de estos otros siete países: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
La proclamación contempla varias excepciones, entre ellas las personas que ya tienen una visa vigente y están dentro del territorio estadounidense, a la vez que a los ciudadanos de estos países que tengan una residencia permanente en EE.UU. (la también llamada 'green card') o doble nacionalidad.
También están excluidas las personas con visas diplomáticas, los atletas, entrenadores y miembros de equipos deportivos que viajen a importantes eventos como los Juegos Olímpicos o la Copa Mundial, y las personas de Afganistán con una visa especial.
La prohibición entra en efecto el próximo 9 de junio, según la orden, que establece además que, en un plazo de 90 días y cada 180 días, el secretario de Estado presentará un informe al presidente con su evaluación y recomendando si se debe continuarse, terminar, modificarse o complementarse.