La intervención, la primera de carácter público que involucra a la Oficina para la Protección de la Seguridad Nacional de Pekín, creada en julio de 2020, se centra en seis individuos y una entidad sospechosos de "connivencia con un país extranjero o elementos externos para poner en peligro la seguridad nacional".
El Ejecutivo local informó el jueves de que los agentes registraron los domicilios de los implicados y una oficina en un edificio comercial de Kwai Chung, incautando documentos y dispositivos electrónicos. Los sospechosos fueron interrogados y se les ordenó entregar sus pasaportes, aunque no se precisó si enfrentan detención o cargos.
Por el momento no se han revelado detalles específicos sobre los implicados o la organización involucrada, mientras se intensifican los esfuerzos de Pekín por consolidar su control sobre la excolonia británica en materia de seguridad, en un contexto de escrutinio global sobre el deterioro de la autonomía de la región.
La operación, autorizada por el director de la oficina pekinesa, se produce un mes después de la entrada en vigor de disposiciones complementarias a la Ordenanza de Seguridad Nacional, que exigen a las instituciones públicas prestar apoyo inmediato a la entidad china.
Asimismo, se prohíbe divulgar datos sobre investigaciones sin autorización y catalogan seis instalaciones de Pekín como «zonas restringidas». Por otro lado, tipifican como delitos la obstrucción a las labores de la oficina, con penas que, bajo el Artículo 23, pueden alcanzar la cadena perpetua por traición, insurrección o colusión.
La operación se desarrolló un mes después de que Hong Kong implementara disposiciones complementarias a su ordenanza de seguridad local, las cuales exigen a las instituciones públicas y funcionarios prestar “todo el respaldo, cooperación y amparo necesarios” a la entidad pekinesa de manera inmediata y conforme a derecho.
Dichas disposiciones también proscriben revelar datos sobre investigaciones en curso sin justificación legítima o autorización legal, catalogan seis instalaciones de la oficina china como “zonas restringidas” y tipifican nuevos delitos, como la oposición deliberada o la interferencia en las labores de la sede o de sus colaboradores.
Las reformas legales continúan generando un intenso debate y son objeto de feroces críticas por parte de gobiernos democráticos y organizaciones occidentales, que prevén el comienzo de una «nueva era de autoritarismo» que podría socavar el principio de ‘país, dos sistemas’ en la región semiautónoma.