Una juez federal dictaminó que Trump federalizó de manera ilegal a la Guardia Nacional el pasado sábado, cuando ordenó el despliegue por el centro de Los Ángeles de unos de sus 2.000 soldados para salvaguardar los edificios federales y contener las multitudinarias protestas. Dos días después, el mandatario republicano ordenó desplegar a otros 2.000 uniformados adicionales.
"Sus acciones fueron ilegales, excediendo el alcance de su autoridad estatuaria y violando la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Por lo tanto, debe devolver el control de la Guardia Nacional al gobernador del Estado de inmediato", reza la orden compartida por el gobernador de California, Gavin Newsom.
En este sentido, el Tribunal "debe determinar si el presidente siguió el procedimiento ordenado por el Congreso para sus acciones", indica la misiva.
Esta decisión supone una victoria para Newsom, que presentó el pasado martes junto al fiscal general de California, Rob Bonta, una demanda contra Trump y el secretario de Defensa, Peter Hegseth, para rechazar la acción "ilegal" y "federalización" de la Guardia Nacional de California a manos de la Administración central.
"El tribunal acaba de confirmar lo que todos sabemos: el Ejército debe estar en el campo de batalla, no en las calles de la ciudad", celebró Newsom en un mensaje en X.
La Casa Blanca y el Gobierno de Newsom llevan días enfrentados por la decisión de Trump de desplegar a la Guardia Nacional para contener las protestas en Los Ángeles contra las redadas migratorias, una medida que ha recibido el rechazo tanto de los manifestantes como de las autoridades locales.
Las manifestaciones en Los Ángeles comenzaron el viernes después que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realizara una serie de operativos contra varios centros de trabajo y se han prolongado por varios días.
El despliegue total de los 4.000 soldados de la Guarida Nacional, a los que se sumaron unos 700 Marines, tendrá un costo de 134 millones de dólares que cubrirán transporte, alimentación, alojamiento y otros gastos hasta un máximo de 60 días, según cifras compartidas por el Pentágono.