"La memoria no debe ser una cuestión de confrontación, porque no es ni de izquierdas ni de derechas. Es una cuestión que ancla los derechos humanos y es pura humanidad", explica tras haber moderado recientemente un debate en el Instituto Cervantes de Viena sobre el tema 'Construir la Democracia'.
En esa charla, organizada por ese centro y la embajada de España, participaron Heinz Fischer, que fue presidente de Austria entre 2004 y 2016, y la exsenadora y actual presidenta del PSOE de Madrid Francisca Sauquillo.
Durante esa discusión, el secretario de Estado reconoció que en España el "ajuste de cuentas con el pasado" llegó tarde y recordó que no empezaron a hacerse políticas públicas de memoria hasta 2007, con la ley impulsada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
Pese a ese retraso, Martínez valoró los esfuerzos hechos por los Gobiernos socialistas y el impulso dado al tema con la Ley de Memoria Democrática de 2022.
En una entrevista con EFE tras ese debate, Martínez incidió en que esta ley identifica a las víctimas y también establece que los tribunales de represión fueron ilegales y sus sentencias nulas.
Así, se refiere a los documentos oficiales que se vienen entregando a los condenados por el franquismo o a sus descendientes, que establecen que sus familiares no fueron criminales.
"Quienes fueron a los paredones de fusilamiento o a las cárceles nunca perdieron la dignidad, iban con la cabeza muy alta. Lo que hacía falta es que esa dignidad se les devolviera institucionalmente", afirma.
El secretario de Estado mantiene que es un tipo de reparación moral "muy potente".
"La gente no te pide dinero, la gente no te pide venganza, la gente pide que el Estado democrático reconozca a su padre, que le digan que era un luchador por la libertad, que fue una víctima de la barbarie y de la violencia política", resume.
Aún así, Martínez recuerda que desde el año 1977 hasta ahora el Estado ha dedicado más de 25.000 millones de euros a indemnizaciones y pensiones para 610.000 familias de víctimas de la represión franquista.
El secretario de Estado destacó que se está trabajando en un inventario de bienes incautados a particulares y elaborando un listado de empresas, públicas y privadas que se beneficiaron del trabajo forzado.
Una vez se tenga esa lista, adelantó, se hablará con las empresas para estudiar opciones de indemnizaciones.
"Estoy convencido de que algunas pueden ayudar a algún tipo de reparación, otras dirían que no. Pero en cualquier caso hay que hacer mucha pedagogía", señaló.
Respecto a las fosas comunes, recordó que el I Plan Cuatrienal de Exhumaciones recuperó hasta el año pasado los restos de 7.000 víctimas de la guerra civil española y de la dictadura de Francisco Franco.
El objetivo es, afirmó, que en 2028, cuando termine el segundo plan cuatrienal, ya no haya fosas comunes identificables en el país.
En ese sentido, señaló que se estima que aún puede haber hasta 13.000 víctimas en fosas en toda España.