“Estamos constituyendo esa minoría de bloqueo”, ha subrayado este viernes la portavoz del Gobierno francés, Sophie Primas, que se ha referido a la visita hoy de la ministra de Agricultura, Annie Genevard, a Roma, donde debe mantener un encuentro con su homólogo italiano, Francesco Lollobrigida.
El ministro de Asuntos Europeos de Francia, Benjamin Haddad, y de Italia, Tommaso Foti, publicaron la semana pasada una declaración común para reclamar nuevas cláusulas de salvaguarda, lo que para la portavoz es una señal de que Roma puede decantarse finalmente por integrar esa minoría de bloqueo, algo que formalmente todavía no ha hecho.
Primas ha subrayado que Francia “no está sola”, y ha hecho notar la posición clara de Polonia contra el acuerdo UE-Mercosur, que se manifestó de nuevo el miércoles con los reproches de su titular de Agricultura, Czeslaw Siekierski, contra la Comisión Europea por querer sacar adelante el texto a la fuerza.
También ha hecho hincapié en la unanimidad política en Francia contra ese pacto, aun admitiendo que es bueno para algunos sectores.
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El Gobierno francés intenta convencer a cerca de una decena de países en total que se oponen frontalmente al acuerdo o cuando menos son reticentes.
Si la Comisión Europea decide escindir el acuerdo en uno político y otro comercial, el bloqueo de este último necesitaría el voto de al menos cuatro países que representen como mínimo el 35 % de la población de la UE.
Al término del Consejo Europeo que se celebró el jueves en Bruselas, el presidente francés, Emmanuel Macron, reiteró la oposición francesa al acuerdo “tal cual” aunque utilizó términos diplomáticos para desarrollar su posición.
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“Lo que tratamos -puntualizó Macron- no es modificar el acuerdo como tal, es enriquecerlo con una discusión suplementaria” y hay “varios países que apoyan esta idea” que consiste en que “tiene que haber mecanismos que protejan ciertos mercados agrícolas clave si fueran totalmente desestabilizados por este acuerdo comercial”.
Son los agricultores, que tienen el respaldo de toda la clase política francesa, los que lo rechazan porque temen verse inundados por productos sudamericanos, sobre todo la carne de vacuno, el pollo y el azúcar de caña, producidos -según la versión francesa- con reglas sanitarias y medioambientales mucho menos exigentes que las de la UE.