En una decisión de primera instancia, el tribunal señaló en un comunicado que el Estado colombiano es responsable de "los perjuicios ocasionados a cientos de víctimas de la avalancha" y concluyó que hubo "una falla en el cumplimiento de los deberes constitucionales y legales de entidades del orden nacional, departamental y municipal".

La omisión de esos deberes contribuyó "a la materialización de la tragedia", pues las entidades contaban con "estudios que advertían sobre los riesgos en las cuencas hídricas de la zona" y "no se adoptaron las medidas preventivas necesarias".

"Por lo tanto el Tribunal reconoció el derecho a la reparación de las víctimas, ordenando el pago de indemnizaciones por los daños sufridos", agregó la información.

En la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril de 2017, un diluvio sacó de su cauce los ríos Mulato y Sangoyaco, afluentes del Mocoa, que arrasaron todo a su paso en esa ciudad de unos 50.000 habitantes.

Viviendas, escuelas, puentes y vehículos quedaron debajo del lodo y 22.310 personas quedaron damnificadas.