En un comunicado oficial, Libre pidió que ninguna institución del Estado apruebe nuevos proyectos con fondos del programa durante el proceso de investigación y solicitó que, mediante decreto ejecutivo, se suspenda el uso del fondo social en su totalidad.
Además, instó a una intervención inmediata del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y del Ministerio Público (Fiscalía) en todas las instituciones públicas que gestionan estos recursos.
El partido, cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya —esposo y principal asesor de la presidenta Xiomara Castro—, también confirmó la suspensión de la diputada Isis Cuéllar, una de las vicepresidentas del Parlamento hondureño, de todos sus cargos dentro del partido y del Legislativo.
La medida se da en el contexto de una investigación fiscal sobre el presunto desvío de fondos del programa solidario para financiar campañas políticas. La semana pasada renunció el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, tras difundirse un video en el que presuntamente conversa con Cuéllar sobre el uso político de recursos estatales en favor del partido Libre.
El partido Libre anunció que su bancada legislativa renuncia al fuero parlamentario para que los diputados puedan ser investigados y presentará una iniciativa para eliminar este privilegio.
"A los diputados que se les compruebe la desviación de fondos públicos, se les debe inhabilitar en forma permanente de su derecho a participar para un cargo de elección popular, y sancionar éticamente", subrayó.
Acciones inmediatas contra redes de corrupción
El comunicado incluye otras medidas, como la presentación de una iniciativa para derogar la facultad discrecional del titular del Parlamento de asignar fondos públicos, exigiendo que todos los recursos estén sujetos a auditorías periódicas.
También demanda "acciones inmediatas" por parte de la Fiscalía y el Poder Judicial, como allanamientos, investigaciones, secuestro de documentos y congelamiento de cuentas "sin contemplaciones" contra redes de corrupción.
Libre solicitó además a la Secretaría de Transparencia realizar un inventario del Fondo Departamental, con el fin de revisar los casos señalados desde hace más de 16 años, muchos de los cuales —según el partido— siguen en la impunidad pese a haber sido investigados por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), que dependía de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El partido también anunció la convocatoria a una "gran movilización nacional", para exigir sentencias rápidas, la renuncia o destitución de diputados implicados en corrupción, y promover una reforma constitucional del sistema judicial, exhortando a jueces, fiscales y magistrados a actuar frente a lo que describen como un "régimen de corrupción e impunidad sistémica" vigente desde el golpe de Estado de 2009.
Libre decretó la ruptura de relaciones con estructuras de poder económico vinculadas a la corrupción, y afirmó que no recibirá financiamiento de corporaciones, bancos, empresas transnacionales ni de las organizaciones empresariales que —según el partido— forman parte de los 25 conglomerados que "explotan al país".