La jueza Maame Frimpong también emitió una orden que prohíbe al Gobierno federal restringir el acceso de los abogados en un centro de detención de migrantes en Los Ángeles, Estados Unidos.
La decisión de la magistrada llega tras la demanda que presentaron la semana pasada ante un tribunal de distrito de California personas afectadas por las redadas y organizaciones defensoras de derechos humanos, que denuncian que en los operativos se han cometido múltiples violaciones constitucionales y de perfil racial.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) niega estas acusaciones y asegura que son “repugnantes y categóricamente falsas”.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU SoCal), uno de los grupos que representan a los demandantes, detalló en un comunicado que la orden de la jueza “prohíbe a los agentes de inmigración detener a personas sin una sospecha razonable”.
También prohíbe que las detenciones se basen en factores como la raza o etnia, el hablar español o inglés con acento; el tipo de empleo y la presencia en determinados lugares como estaciones de autobús, lavaderos de autos o explotaciones agrícolas.
La segunda “ordena al DHS que proporcione acceso a un abogado entre semana, fines de semana y días festivos a las personas detenidas en el B-18, el edificio federal en el centro de Los Ángeles”.
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Las redadas en Los Ángeles
Las redadas migratorias en el área metropolitana de Los Ángeles comenzaron hace un mes y han generado un fuerte rechazo social e incluso fuertes enfrentamientos con los agentes, lo que ha convertido a California en un símbolo de resistencia contra el Gobierno de Trump.
La demanda fue motivada después de que el pasado 22 de junio hombres enmascarados que apenas portaban un chaleco con escudos de la Patrulla Fronteriza detuvieron a varios trabajadores de forma violenta, como quedó registrado en videos que se volvieron virales.
Uno de los dueños del lugar, identificado como Enmanuel, denunció que los supuestos agentes ingresaron a la fuerza a partes restringidas al público como los túneles donde está la maquinaria y confirmó que en los arrestos se usó fuerza excesiva.
Los múltiples testimonios de los familiares de los detenidos coincidían en que ellos estaban incomunicados y que los arrestos estaban basados en perfil racial.
“Sin importar el color de su piel, el idioma que hablen o dónde trabajen, todos tienen garantizados los derechos constitucionales que los protegen de detenciones ilegales”, declaró Mohammad Tajsar, abogado principal de la Fundación ACLU SoCal, tras conocerse la decisión de la jueza.