La ley fue aprobada por los senadores en el último día de sesiones, tres días después de que lo hiciera la Duma o cámara de diputados.
La búsqueda, que acarrea multas de entre 3.000 (35 dólares) y 5.000 rublos (55 dólares), puede realizarse con la ayuda o no de servicios VPN.
Los diputados que la aprobaron aseguran que "no hay nada que temer, si uno no se dedica a buscar deliberadamente materiales extremistas".
"Ahora hay unos 5.500 materiales" extremistas en la lista del Ministerio de Justicia, subrayan.
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El presidente ruso, Vladímir Putin, que podría promulgar pronto la ley, se reunió esta semana con el ministro de Desarrollo Digital, Maksut Shadáev, para entender el alcance del documento.
"En la práctica las fuerzas de seguridad demostrarán que hubo intención y que el usuario sabía de antemano que esos materiales extremistas estaban incluidos en el registro", le explicó el ministro.
Sus detractores han comparado la ley con la novela "1984" de George Orwell, ya que consideran que ésta persigue a los ciudadanos comunes y corrientes, a los que llama a "no buscar y no pensar".
"La gente está en contra. En su redacción actual, la ley no es necesaria", comentó Vladislav Davankov, candidato presidencial por Nueva Gente.
Se sumaron a las críticas Boris Nadezhdin, aspirante a la Presidencia en 2024, y la directora del canal RT, Margarita Simonián.
Hasta la delatora más famosa del país, Yekaterina Mizúlina, jefa de la Liga para un Internet Seguro, criticó el documento, ya que -adujo- puede convertir en infractores "a millones de rusos simplemente por buscar y mirar información indeseable".
"Para infringir la ley bastará con hacer clic en el enlace equivocado y ver algo malo. Sin embargo, los criterios sobre lo que 'es bueno o malo' sólo están al alcance de Dios", comentó.
Según expertos, se trata de la primera vez que las autoridades aprueban oficialmente un castigo por el consumo de materiales prohibidos en la red.
Mientras, otros diputados abogaron por la introducción de cambios en la ley para que las multas no se les apliquen a periodistas y otros profesionales que consultan materiales considerados extremistas por motivos de trabajo.