La amnistía fue aprobada el 9 de julio por la Comisión Permanente del Congreso peruano y se encuentra pendiente de ser promulgada por la presidenta, Dina Boluarte
A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cerca de la medianoche, el Ejecutivo ecuatoriano reivindicó su soberanía y se opuso a lo que, a su consideración, son "reiteradas disposiciones de la Corte que contravienen el derecho internacional".
Para el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, investigada por la muerte de 59 personas durante la represión de la ola de protestas registrada a su llegada al poder, las directrices de la Corte IDH "no se desprenden de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la cual recae el mandato que le otorgaron los estados a dicho tribunal".
"Perú reafirma el irrestricto respeto que demanda de su soberanía y de los propios principios fundacionales del Sistema Interamericano, particularmente el principio de subsidiariedad y el carácter complementario de la jurisdicción internacional, que reconocen el rol primario de los Estados en la garantía de los derechos fundamentales y la tutela de presuntas afectaciones a los derechos humanos", señaló el Gobierno.
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"En esa línea, la Corte no puede sustituir a las autoridades nacionales (o imponerle acciones) sobre una materia que no ha sido conocida en sede interna, afectando no solo la soberanía del Perú sino debilitando el propio sistema", agregó.
Seguimiento a sentencias
La disposición del tribunal se dio en el marco del seguimiento al cumplimiento de las sentencias por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde 25 personas, entre ellas un niño de 8 años, fueron asesinadas por el grupo militar encubierto Colina.
Ambos casos llevaron a que el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) fuese condenado en 2009 a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad en calidad de autor mediato (con dominio del hecho), así como varios integrantes del grupo Colina.
La amnistía beneficia a miembros de las fuerzas de seguridad y comités de autodefensa que no cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, que pudieran estar denunciados, investigados o procesados por delitos cometidos entre 1980 y el 2000.
Además, incluye también a los que cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, o en trámite de ejecución, y hayan cumplido un mínimo de 70 años.
En cambio, la amnistía no será aplicable a los denunciados o imputados por terrorismo o por delitos de corrupción de funcionarios.
Audiencia para el 21 de agosto
Junto a la inmediata suspensión del trámite de amnistía, la Corte IDH también fijó una audiencia pública para el próximo 21 de agosto, a la que convocó al Estado peruano, a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evaluar la adopción de medidas provisionales en el marco de la suspensión del trámite de la amnistía.
En su comunicado, el Gobierno anticipó que, "en el marco del irrestricto respeto de sus obligaciones jurídicas internacionales, participará en la audiencia a través de sus agentes acreditados, quienes expondrán con argumentos fácticos y jurídicos la defensa del Estado peruano".
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que ha acompañado y denunciado varios casos de violaciones durante el conflicto interno, sostiene que la amnistía "borra décadas de lucha por justicia y verdad" y apunta que más de 150 condenas y 600 procesos "están en riesgo".
El conflicto armado interno de Perú (1980-2000), desatado por el grupo maoísta Sendero Luminoso y el marxista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), fue una de las épocas más violentas de Perú al estimarse que dejó unos 69.000 muertos, según el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).