Así lo aseguró el diputado del PSD Francisco José Martins en declaraciones a periodistas en el Parlamento tras conocerse la resolución, cuando aseguró que su formación "respeta la separación de poderes", pero agregó que el Ejecutivo no desistirá de elaborar una norma que "consagre una política seria y responsable para el país".
En este sentido, dijo que el PSD "analizará, leerá y elaborará los marcos que promuevan la adecuación de la normativa a las imposiciones del Tribunal Constitucional".
Y subrayó: "Es fundamental para el país, después de muchos años en los que esta cuestión de la inmigración se ha tratado de una manera menos buena, quizás desastrosa, que el país pueda finalmente tener una ley que responda eficazmente a los intereses del país y de los inmigrantes".
El Parlamento de Portugal aprobó el pasado 16 de julio con los votos del centroderecha y la ultraderecha una modificación de la Ley de Extranjeros, que entre otras cuestiones limita la reagrupación familiar de los migrantes, que solo podrán solicitarla después de dos años de residencia legal en el país, cuando antes no era necesario este tiempo.
La reforma también busca fomentar la expedición de visados de trabajo a personas que se dediquen a "actividades altamente cualificadas" y modifica los requisitos de residencia para los nacionales de países de lengua portuguesa.
Después de que el Tribunal Constitucional declarará inconstitucionales cinco artículos de la norma este viernes, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, vetó la reforma migratoria. Ahora la ley volverá a la unicameral Asamblea de la República (Parlamento), donde deberá ser sometida a cambios.