La audiencia se realizará el lunes "de manera presencial" en un juzgado, por lo que el también gobernandor suspendido será trasladado horas antes desde la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicado en el altiplano paceño.
"Creemos que es importante que se escuche a las partes. El tribunal debe considerar el vencimiento de los plazos, no los procesales, los plazos de la detención preventiva", dijo Martín Camacho a los medios locales.
El abogado explicó que Camacho lleva encarcelado dos años y ocho meses, "excediendo el plazo razonable de seis meses", según la legislación boliviana.
"Pero además va en contra de la jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Código de Ética Judicial Iberoamericano y otros que determinan que el plazo para la detención preventiva no puede convertirse en una sentencia condenatoria anticipada, en ese sentido correspondería la inmediata liberación del gobernador", añadió Martín Camacho.
El TSJ instruyó en la víspera verificar, en un término de 24 horas, el cumplimiento de los plazos de las detenciones preventivas en todos los procesos en curso contra Camacho y también contra la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) y el exlíder cívico de Potosí Marco Pumari.
El instructivo del Supremo señala que para cumplir lo dispuesto, "a través de los jueces que ejercen control jurisdiccional en cada uno de los procesos citados, realicen inclusive de oficio la verificación" de lo dispuesto y procedan a "resolver lo que en derecho corresponda".
El juicio por el caso denominado 'golpe de Estado I' avanzó en los últimos meses con Camacho y Pumari como principales acusados; el primero está encarcelado desde 2022 y el segundo desde 2021.
Ambos lideraron las protestas postelectoral en 2019, cuando eran presidentes de los comités cívicos de sus regiones.
Sobre Camacho pesan otros procesos penales por casos relacionados a su gestión en la Gobernación de Santa Cruz.
Mientras que Áñez fue acusada por proclamarse presidenta en 2019, tras la renuncia de Evo Morales (2006-2019), vulnerando los reglamentos parlamentarios porque esa responsabilidad debía caer sobre un legislador oficialista, mientras que la defensa de la exgobernante señaló que hubo un vacío de poder luego de la dimisión del exmandatario.
En 2023, el TSJ ratificó la condena de 10 años de cárcel contra Áñez, por lo que al ser la última instancia a la cual se podía recurrir para anular la sentencia, su defensa se planteó acudir a la vía internacional.
En 2019, el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) dimitió y salió del país asegurando ser víctima de un "golpe de Estado", en medio de protestas ciudadanas por denuncias de un fraude electoral a su favor en las elecciones generales de ese año que luego fueron anuladas.