La crisis energética en la isla, agravada desde mediados del año pasado, se refleja en apagones frecuentes que superan hasta las 20 horas diarias en amplias regiones del país, entre ellas grandes ciudades como Santiago de Cuba y Holguín. En La Habana, han oscilado entre las seis y más de diez horas en el día incluyendo noches y madrugadas.
En los últimos meses se han registrado cuatro apagones nacionales, de los que la isla ha tardado días en recuperarse.
En febrero de este año se registró la mayor tasa de déficit en lo que va de 2025 y en al menos los últimos dos años con el 57 % del país a oscuras a la misma vez, por lo que el Gobierno ordenó suspender las clases y las actividades laborales por dos días.
La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, refirió que el sábado último se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo así durante la reciente madrugada.
De acuerdo con sus cálculos para el horario "pico" de esta jornada, la capacidad máxima de generación eléctrica será de 2.245 megavatios (MW) para una demanda de 3.700 MW.
Esto supone un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1.455 MW y una afectación (lo que se desconecta realmente para evitar apagones desordenados) de 1.525 MW en el horario de mayor consumo. Es frecuente que los valores reales superen el pronóstico oficial.
La tasa de afectación siempre supera las previsiones iniciales diarias de la UNE debido a la imposibilidad de cubrir la demanda estimada y refleja, además, la crítica situación energética agravada desde el último trimestre del año pasado.
Las centrales termoeléctricas cubanas están en su mayoría obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversión y mantenimiento; mientras que hay motores fuera de servicio por la falta de divisas del país para importar combustible.
Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959. El Gobierno cubano destaca por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses a este sector.
Diversos cálculos independientes estiman que el Gobierno necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar la red eléctrica.
Los cortes atizan asimismo el descontento social y han estado vinculados en los últimos años a las principales protestas que se han registrado en el país, como las de julio de 2021.