El informe de la Comisión Europea, titulado "Invertir en Educación 2025", destaca un cambio positivo en la financiación de la educación en toda Europa, un repunte que, según Bruselas, "sugiere beneficios prometedores para la economía y la sociedad de la región".
En total, los países de la UE gastaron 806.000 millones de euros en educación en 2023.
El gasto nacional en educación alcanzó en el conjunto de los Estados miembros el 9,6 % del gasto público total y el 4,7 % del Producto Interior Bruto (PIB) de media, con variaciones entre ellos.
En el caso de España, el gasto en educación se situó en el 9,3 % en 2023, frente al 9,2 % el año anterior, el 9,1 % en 2021 y el 9,0 % en 2020.
En 2023 el porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) que España destinó a la educación fue del 4,0 % un poco menos que en 2022 (4,1 %) aunque similar al de 2021 (4,0 %) e inferior al de 2020 (4,4 %).
La vicepresidenta ejecutiva de Derechos Sociales y Competencias de la Comisión Europea, Roxana Minzatu, dijo que el informe muestra que, "en toda la UE, la educación vuelve a ser un motor de competitividad y resiliencia económica".
Pese al mensaje general positivo, el informe alerta del impacto del cambio demográfico en la enseñanza.
En particular, indica que el cambio demográfico podría reducir la población en edad preescolar y escolar en la UE de aquí a 2030.
Para comparar las tendencias entre los Estados miembros la Comisión se remite a las proyecciones de Eurostat.
Según el escenario de referencia que tiene en cuenta Bruselas, el número de alumnos de 3 a 18 años en educación preescolar, primaria o secundaria disminuiría un 3,5 % en la UE de aquí a 2030 en comparación con 2022, es decir, unos 2,5 millones de personas menos.
A nivel nacional, 19 Estados miembros experimentarían un descenso demográfico, empezando por Italia (con una caída del 13 %), Grecia (del 12 %) y España ( del 11 %) que serán "los países más gravemente afectados".
Por el contrario, esa población aumentaría sobre todo en Malta (13 %), Luxemburgo (12 %), Alemania (9 %) y Chipre (6 %).
El informe advierte de que el envejecimiento de la población ejerce una presión financiera sobre los presupuestos públicos, ya que el aumento de los costes de las pensiones y la atención sanitaria puede limitar la financiación pública a la educación.
Con menos niños matriculados en las escuelas, "existe el riesgo de que los gobiernos se vean presionados a dejar de priorizar la financiación de la educación, lo que se traduciría en una menor inversión en infraestructura escolar, recursos educativos y calidad general".