"¡Vivos se los llevaron, vivos les queremos!", demandaron en un pronunciamiento familiares de los opositores presos o en condición de desaparecidos en Nicaragua.
"En las últimas semanas la dictadura ha entregado a sus familiares los cuerpos sin vida de dos personas que permanecían desaparecidas por razones políticas", denunciaron.
"Estos crímenes, que constituyen una clara muestra de la brutalidad del régimen, evidencian que la prisión política en Nicaragua no solo significa persecución y tortura, sino también la condena a muerte en condiciones inhumanas", advirtieron.
Diversas organizaciones de la oposición denunciaron en la víspera la muerte en Nicaragua bajo custodia del abogado Carlos Cárdenas Zepeda, que aseguran había sido detenido hace quince días supuestamente por órdenes del Gobierno de Ortega y Murillo, y se sumó a la del opositor Mauricio Alonso, cuyo cuerpo sin vida fue entregado esta semana a sus familiares tras permanecer más de un mes detenido.
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"Nos negamos a normalizar esta práctica infame y denunciamos con fuerza que cada muerte bajo custodia estatal es un asesinato político", continuaron los familiares.
"La vida de nuestros familiares está en riesgo permanente, y el silencio oficial no es más que una confirmación de la crueldad con la que actúa este régimen", agregaron.
Ni el Gobierno de Nicaragua ni la Policía Nacional han ofrecido sus versiones sobre la denuncia de esas detenciones y posterior muerte, y generalmente no suelen pronunciarse.
Las familias, que calificaron de grave y dolorosa la situación que enfrentan, afirmaron que desde hace meses viven con la angustia permanente de no saber dónde se encuentran sus seres queridos, ni en qué condiciones están.
Aseguraron que "la dictadura Ortega-Murillo mantiene a cientos de personas secuestradas en sus cárceles clandestinas y centros de detención, sometidas a torturas físicas y psicológicas, incomunicación prolongada y condiciones inhumanas".
"A esto se suma el crimen atroz de la desaparición forzada, que priva a las familias de la certeza de vida de sus seres amados y constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos", añadieron.
En su declaración, esas familias hicieron un llamado urgente a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos y a los gobiernos democráticos del mundo a no guardar silencio.
"El pueblo nicaragüense necesita acciones firmes que contribuyan a detener esta barbarie y abrir paso a la justicia, la libertad y la democracia", consideraron.
Los familiares también demandaron "la liberación inmediata e incondicional de todas las personas presas políticas en Nicaragua", la aparición con vida de todas las personas desaparecidas, y el respeto al derecho a la vida, a la integridad y a la dignidad de cada prisionero y prisionera de conciencia.
Además, "la rendición de cuentas de quienes ordenan y ejecutan estos crímenes de lesa humanidad", y "justicia para las personas asesinadas en prisión bajo custodia del régimen y reparación para sus familias".
