Cuatro días después del seísmo, los bordes de las carreteras están convertidos en refugios improvisados. Las historias de pérdida revelan el desafío de un régimen con décadas de experiencia en el conflicto armado y muy poca en la gestión de desastres humanitarios.
"En una tienda de campaña para seis personas, se hacinan 30 mujeres y niños, mientras los hombres duermen a la intemperie. Para beber, dependemos de agua mineral limitada y también usamos agua de arroyo, que no es saludable", explica Habibur Rahman, describiendo un riesgo sanitario que crece cada hora.
Ante el colapso, el régimen ha desplegado su recurso principal, sus soldados. Combatientes más acostumbrados al fusil que a la pala trabajan en el despeje de carreteras, y los helicópteros militares heredados del antiguo gobierno y de las fuerzas estadounidenses evacúan a los heridos. "Desde el principio, las fuerzas talibanes han estado trabajando", reconoce Haji Kamil, un anciano local.
Donde el Estado no llega, la sociedad civil se ha autoorganizado. Cientos de voluntarios han caminado durante horas para alcanzar la zona cero, supliendo las carencias de un gobierno mermado por el éxodo de personal técnico y gestores de emergencias que abandonaron el país en 2021, cuando los fundamentalistas tomaron el poder.
Los equipos médicos han instalado puestos a los pies de las montañas, incapaces de acceder al epicentro. "Nuestro principal problema ha sido la falta de carreteras y el bloqueo por las rocas", lamenta a EFE el doctor Izhar Wisal.
Como recuerda el activista social Asif Khan Qazikhil, esta carencia de infraestructuras es una consecuencia directa del conflicto. "Estas carreteras habrían sido construidas durante el gobierno anterior, pero debido a los combates de los talibanes y la inestabilidad, los caminos quedaron sin pavimentar", explica a EFE.
A esto se suma el riesgo latente de municiones sin explotar en rutas secundarias, un legado directo de la insurgencia que ahora dificulta y pone en peligro las propias labores de rescate del nuevo gobierno.
Este examen a su capacidad de gobernar llega cuando el régimen ya lidiaba con una crisis en la que, según la ONU, más de 28 millones de personas ya dependían de la ayuda humanitaria para sobrevivir, y con la gestión de cientos de miles de refugiados deportados desde Pakistán.
El sistema sanitario estaba al borde del colapso antes del seísmo y la economía se encuentra hundida desde el corte de la ayuda internacional en 2021. La catástrofe golpea a una nación marcada por cuatro décadas de guerra, convirtiendo a Afganistán en uno de los lugares más complejos del mundo para gestionar una emergencia.
Desesperados por obtener recursos, los talibanes publicaron una lista de cuentas bancarias para recibir donaciones. Sin embargo, el régimen opera bajo severas sanciones financieras desde su toma del poder en agosto de 2021, cuando el país fue desconectado del sistema bancario internacional SWIFT y cerca de 7.000 millones de dólares de las reservas de su Banco Central permanecen congelados por Estados Unidos.
El ministro de Exteriores de facto, Amir Khan Muttaqi, ha instruido a sus misiones diplomáticas a "redoblar esfuerzos" para conseguir ayuda. Pero el movimiento islamista y sus líderes permanecen bajo sanciones que prohíben las transacciones financieras con ellos. Este bloqueo, que ya había paralizado la economía, ahora complica enormemente la llegada de ayuda monetaria directa.
Mientras tanto, la situación en la zona cero se agrava. Con un balance de 1.457 muertos, más de 3.300 heridos y 12.000 personas sin hogar según la ONU, los supervivientes se enfrentan a la falta de todo bajo un calor extremo.