"Llamamos a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que sesionará a partir del 9 de septiembre, a que se pronuncie", abogaron las opositoras Unidad Nacional, la Unión Democrática Renovadora (Unamos) y otros dos grupos de oposición, en una declaración conjunta.
Esos movimientos políticos pidieron, además, a la Asamblea General de la ONU que "adopte medidas que contribuyan tanto a frenar esta escalada de violencia estatal como a definir caminos certeros que conduzcan a la apertura de causas contra el régimen, tanto en la Corte Penal Internacional como en la Corte Internacional de Justicia".
Familiares de disidentes bajo custodia en Nicaragua han lanzado un SOS global luego de que Mauricio Alonso Petri y Carlos Cárdenas Zepedafallecieran tras las rejas la semana pasada.
Al respecto, las organizaciones políticas opositoras expresaron su "más enérgico rechazo y condena al asesinato de los (dos) presos políticos", quienes "después de haber sido secuestrados permanecieron en situación de desaparición forzada y bajo custodia de la dictadura, hasta que sus cuerpos fueron entregados a sus familias por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo".
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Esos movimientos calificaron "estos y otros crímenes" como "la más cruel y despiadada manifestación de la represión dictatorial en Nicaragua (...) al tiempo que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, que una vez más evidencian la responsabilidad directa de quienes los ordenan y ejecutan".
"Estos hechos de barbarie reflejan la profunda crisis y el desgaste que enfrenta la dictadura Ortega-Murillo", dijeron los grupos opositores.
Exigieron la liberación incondicional de todas las personas presas políticas y que se brinde una prueba de vida de las 33 personas que hoy se encuentran en estado de desaparición forzada.
"Estamos en comunicación con la comunidad internacional, poniéndola al tanto de esta barbarie y buscando acciones más contundentes, para poner fin a la impunidad y propiciar la urgente transición política democrática en el país para evitar más muerte y dolor en Nicaragua", aseguraron.
Los familiares han demandado al Estado de Nicaragua una prueba de vida de sus seres queridos, y han comparado la muerte bajo custodia de los opositores con las que ejecutaba la extinta Guardia Nacional del dictador Anastasio Somoza Debayle.