El conflicto interno en Birmania (Myanmar) se reactivó en 2021, a raíz del golpe de Estado de una junta militar que puso fin a un paréntesis democrático de una década (2011-2021), aunque las estructuras militares mantuvieron una importante cuota de poder.
"Si los crímenes siguen siendo ignorados y no castigados los perpetradores se verán fortalecidos para cometer más atrocidades. Para romper este ciclo de impunidad, debemos contar con una voluntad política sostenida", dijo el presidente del mecanismo de Naciones Unidas, Nicholas Koumjian, en una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos.
Enfatizó la voluntad del equipo que dirige de apoyar a los sistemas de justicia nacionales e internacionales que estén dispuestos y sean capaces de procesar estos crímenes.
Por el momento, Koumjian -abogado estadounidense con una destacada trayectoria en el Tribunal Penal Internacional para la exYugoslavia y en la Corte Penal Internacional- dijo que se han compartido " grandes cantidades de pruebas y análisis" con la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional y la Fiscalía Federal de Argentina en relación con los crímenes contra la comunidad rohingya, una minoría musulmana asentada en el estado de Rakhine (noroeste de Birmania).
Allí, el mecanismo de la ONU investiga recientes de bombardeos aéreos contra civiles realizados por aviones y drones, así como, el uso de civiles como escudos humanos y la obstrucción de la ayuda humanitaria a la población, que está amenazada por el hambre.
Los rohingyas que permanecen en Rakhine son las principales víctimas, aunque también hay otras comunidades étnicas que están sufriendo de violaciones de sus derechos humanos, y no solo por parte del Ejército birmano, sino por parte del grupo armado insurgente denominado Ejército de Arakán, señaló.