Los ministros israelíes Itamar Ben-Gvir (Seguridad Nacional) y Bezalel Smotrich (Finanzas) han sido incluidos “en el listado oficial de personas sancionadas” y “no podrán acceder a territorio español”, anunció José Manuel Albares, en plena escalada de acusaciones y represalias entre Israel y España por la guerra de Gaza.
“Es un listado abierto”, añadió Albares, sin descartar introducir a más personas que, según Madrid, obstaculizan la paz y recordando que ya incluye a “13 colonos violentos”.
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El anuncio del ministro Albares se produce al día siguiente de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunciara medidas “para detener el genocidio en Gaza” e Israel respondiera denunciando una “campaña antiisraelí y antisemita” de Madrid.
Al final de esa jornada de intercambio de reproches, España llamó a consultas a su embajadora en Tel Aviv e Israel impuso la prohibición de entrar al país a la vicepresidenta segunda española, Yolanda Díaz, y a la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego.
El Gobierno de España es una de las voces europeas más críticas con la actuación israelí en Gaza, lo que suele causar choques con Israel, que no tiene embajadora en Madrid desde el reconocimiento del Estado de Palestina por parte del Ejecutivo de Sánchez en mayo de 2024.
“Para detener el genocidio en Gaza”, Sánchez anunció medidas que iban del embargo de armas a Israel o denegarle la entrada al espacio aéreo a naves que transporten material de defensa para Israel, a la prohibición de atracar en puertos españoles a barcos que lleven combustible para el ejército hebreo.
El líder socialista español ya había avisado el lunes, antes de que su ministro de Exteriores anunciara los nombres de los dos ministros israelíes, que se prohibiría la entrada a España de más personas que participaran “de forma directa en el genocidio”.
“La espiral de violencia sobre Gaza hoy es inaceptable. Ante la barbarie, España actúa” , señaló este martes en la red X Pedro Sánchez, tras conversar con el primer ministro palestino, Mohamed Mustafa.
Países Bajos y Eslovenia, en la Unión Europea, ya habían prohibido el acceso a su territorio a los dos ministros, también sancionados por Australia, Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda y Noruega.