La información se encuentra en el 'Monitoreo a los ataques a la labor periodística durante el proceso electoral, con énfasis en mujeres' elaborado por la periodista Susana Moya y supervisado por la presidenta del CMP, Patricia Flores.
"Se han registrado 45 casos documentados, entre enero a junio de 2025, de los cuales, doce casos corresponden a mujeres periodistas agredidas", quienes sufrieron algún tipo de violencia, entre física, sexual, verbal, psicológica e institucional, indicó Moya.
El contexto en el que ocurrieron estas agresiones contra periodistas y trabajadores de la prensa estuvo marcado por una "polarización política, social y económica" y se pudo "evidenciar que hay una mayor vulnerabilidad para mujeres periodistas", señaló.
El reporte se elaboró mediante la recopilación de datos a través de monitoreos de noticias, redes sociales y los comunicados emitidos por los gremios periodísticos denunciando estos sucesos, explicó.
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Según el informe, dos aspectos generaron sobre todo la conflictividad registrada entre enero y junio de este año en el país, uno fue la inhabilitación del expresidente Evo Morales (2006-2019) para las elecciones generales del pasado 17 de agosto y el segundo fue la crisis económica que vive el país por la inflación y la falta de dólares y combustibles.
Un tercer suceso donde también hubo agresiones contra periodistas ocurrió en Colcapirhua, una ciudad vecina de Cochabamba, la capital de la región homónima situada en el centro del país, en medio de un bloqueo callejero por el rechazo de los habitantes del primer municipio a que la basura generada en la segunda urbe se deposite en su territorio.
Los meses donde más casos se presentaron fueron mayo (trece) y junio (veinte) y de los 45 casos, diez fueron agresiones contra corresponsales de prensa internacional.
En el 27,8 % de los casos las víctimas fueron mujeres y en el 74,2 % fueron hombres, y también se reportaron dos "amenazas a la prensa en general", según el informe.
El reporte menciona "dos casos emblemáticos" de violencia contra mujeres periodistas que "generaron indignación colectiva por el modo" en que las informadoras "son percibidas y tratadas en los ámbitos públicos e institucionales".
Uno de ellos es el de Nadia A.O., una joven periodista que en 2024 fue abusada sexualmente por el fotoperiodista Álvaro V. y que, al no encontrar justicia y ser "revictimizada" por policías y fiscales, entró en un cuadro depresivo y se quitó la vida a fines de marzo.
El otro caso es el de la periodista del canal privado Unitel Paola Cadima, quien sufrió "violencia sexual, física, psicológica y agresión" durante la cobertura del conflicto por la basura en Cochabamba, a manos de un grupo de choque que la manoseó y la agredió.
El informe indica que si bien hombres y mujeres sufrieron las agresiones, la violencia contra las periodistas "se manifestó como un fenómeno estructural, transversal y diferenciado que refleja las profundas desigualdades de género y la persistencia de patrones machistas en la sociedad boliviana".
A su turno, Flores sostuvo que las cifras y resultados del monitoreo "son de enorme preocupación".
Flores también presentó un protocolo para la cobertura informativa de procesos electorales con un "enfoque de derechos humanos y género", que recoge "una serie de herramientas normativas" ratificadas por el país para que los periodistas estén al tanto de las normas que les protegen, además de lineamientos de protección a su trabajo.