“Ya se han realizado funerales de 30 víctimas, incluidos agentes de Policía que murieron en el cumplimiento de su deber”, dijo a EFE el portavoz de la Policía Nacional, el subinspector general Binod Ghimire.
El recién nombrado ministro del Interior, Om Prakash Aryal, anunció la medida tras la primera reunión del gabinete de transición, y precisó que las ceremonias se llevarán a cabo con honores de Estado y la bandera nacional ondeará a media asta en todo el país.
Al menos diez personas fueron enterradas este martes en el valle de Katmandú. Decenas de familiares y allegados acompañaron la procesión fúnebre portando retratos de los fallecidos y banderas de Nepal, desde el hospital universitario de Maharajgunj, en el norte de la capital, hasta el crematorio de Aryaghat, a orillas del río Bagmati y junto al mayor complejo hinduista del país.
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La ola de protestas, liderada por grupos de jóvenes autodenominados “Generación Z”, estalló la semana pasada y tumbó en apenas 24 horas a la poderosa coalición de los dos principales partidos del país, provocando la dimisión del entonces primer ministro K.P. Sharma Oli.
La mayoría de las víctimas murieron por disparos de las fuerzas de seguridad, aunque varios fallecieron en incendios durante los disturbios que arrasaron con cientos de edificios. Algunos médicos del principal centro de trauma de Katmandú han denunciado la gravedad de las heridas de bala sufridas por muchos manifestantes, con impactos en la cabeza, el pecho y el abdomen.
El Gobierno interino, encabezado por la exjueza suprema Sushila Karki, comenzó el lunes a conformar su gabinete con la juramentación de tres ministros considerados símbolos de la lucha contra la corrupción y presentes en las negociaciones con los jóvenes los últimos días.
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En paralelo, la vida empieza a retomar cierta normalidad en zonas como Lumbini, el lugar de nacimiento de Buda, donde el turismo doméstico y extranjero volvió esta semana al complejo tras días de tensión.
Nepal vive días de tensión tras uno de los episodios de violencia política más graves de las últimas décadas, en los que resultaron destruidas instituciones clave como el Parlamento, la Presidencia y el Tribunal Supremo.