El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dictó un decreto por el que acuerda la creación de un equipo de trabajo para determinar posibles violaciones del derecho internacional en Gaza y para cooperar con la Corte Penal Internacional (CPI), que tiene una causa abierta contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y emitió hace casi un año una orden de detención contra él.
García Ortiz adoptó esta decisión a raíz de la petición de la fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, tras analizar un informe que la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía envió en junio a su unidad.
En ese informe se recogen hechos que pudieran ser constitutivos de crímenes contra la comunidad internacional cometidos por el Ejército del Estado de Israel en la Franja de Gaza.
En una entrevista con la emisora Cadena Ser, Delgado sostuvo que “hay constancia” de la presencia de víctimas españolas en la Franja de Gaza.
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La reforma de la jurisdicción universal en 2014 fue “tan extrema que prácticamente nos hace imposible perseguir desde España los hechos ocurridos en el extranjero”, pero “es obligación de todos la persecución de estos graves crímenes porque nos afectan a todos”, subrayó.
El decreto del fiscal general recuerda la existencia de dos procedimientos seguidos ante tribunales internacionales, uno en la CPI y otro en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con los que España tiene obligación de cooperar de acuerdo con las leyes y los tratados que ha suscrito.
De hecho, la Ley Orgánica del Poder Judicial reconoce jurisdicción a los tribunales españoles sobre cualquier delito “cuya persecución se imponga con carácter obligatorio por un Tratado vigente para España o por otros actos normativos de una Organización Internacional de la que España sea miembro, en los supuestos y condiciones que se determine en los mismos”.
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España es miembro del Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la CPI, y en este caso la decisión del fiscal general, dentro del principio de jurisdicción universal, obedece a la necesidad de “satisfacer la obligación de cooperación” con esa corte, explicó a Efe Ana Manero Salvador, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid.
Las diligencias de la investigación tendrán por objeto recabar y preservar fuentes de prueba para ponerlas a disposición del órgano competente, dando cumplimiento con ello a las obligaciones asumidas por España en materia de cooperación internacional y derechos humanos.
En paralelo al decreto del fiscal general, la Fiscalía de la Audiencia Nacional española dictaminó también este jueves que los tribunales españoles no son competentes para investigar a Netanyahu por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad por tener ya el primer ministro una causa abierta en la CPI.
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Así lo expone la Fiscalía en un informe que le solicitó en julio un juzgado de la Audiencia Nacional española respecto a una querella contra Netanyahu y varios altos mandos militares por delitos de lesa humanidad, en relación con el abordaje del barco Madleen, el pasado 8 de junio, cuando se dirigía a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.
Esta misma semana se ha publicado un informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU que acusa a Israel de cometer genocidio contra los palestinos en Gaza.
La comisión de expertos independientes, asignada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, concluyó este martes que se cumplen en Gaza al menos cuatro de los cinco actos tipificados en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948).
Mientras, el Gobierno español ha endurecido en las últimas semanas su posición y el presidente Pedro Sánchez anunció nuevas medidas contra Israel por lo que calificó de “genocidio” en Gaza, entre las que destaca la consolidación jurídica del embargo de armas, la prohibición de entrada en España de personas implicadas en esas acciones y un aumento de la ayuda humanitaria para los palestinos.