Según un comunicado de la Comisión de Investigación de las protestas, difundido por medios locales, Oli y otros exministros deberán permanecer a disposición de las autoridades y no podrán abandonar el valle de Katmandú ni viajar al extranjero sin autorización expresa del organismo.
Entre los investigados figuran, además de Oli, el exministro del Interior Ramesh Lekhak, que fue el primero en dimitir durante la revuelta por "razones éticas", el exsecretario del Interior Gokarnamani Duwadi, así como el exjefe de la Inteligencia Nacional y el exjefe de la capital.
La decisión llega en medio de un clima de fuerte tensión política tras la caída del Gobierno de Oli, precipitada por las manifestaciones de la llamada "generación Z", que se extendieron por varias ciudades en protesta contra la corrupción, la falta de empleo y las restricciones en redes sociales, y que derivaron en choques violentos con las fuerzas de seguridad.
El dimitido Oli, que preside el Partido Comunista de Nepal-Unificado Marxista Leninista (CPN-UML), rechazó los rumores de que planea huir del país y acusó al actual Ejecutivo provisional de intentar despojarlo de su seguridad y privilegios oficiales.
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"¿Creen que huiremos entregando la nación a este gobierno sin fundamento?", dijo durante un acto de la rama juvenil del partido, en su primera aparición pública tras las protestas durante el pasado fin de semana, según recogió el diario Dhaka Tribune.
El exmandatario sostuvo que se quedará en Nepal para "luchar por restaurar la paz y el orden constitucional en el país", mientras ironizó sobre la decisión de confiscar pasaportes y criticó que el Gobierno interino se formó "entre el ruido y el caos" generados por las protestas juveniles.
El Gobierno interino, encabezado por la exjueza Sushila Karki tras un acuerdo entre los jóvenes, el Ejército y el antiguo Ejecutivo, llamó a la unidad nacional, prometió combatir la corrupción y anunció que su mandato será transitorio hasta las elecciones previstas en marzo de 2026.
La comisión investigadora, que deberá esclarecer el uso excesivo de la fuerza, será clave en la definición de responsabilidades políticas y judiciales en lo que ya es considerado uno de los episodios más violentos de la historia reciente de Nepal.