Bennett llamó a las autoridades talibanes a establecer inmediatamente una moratoria de la pena de muerte, como un paso previo hacia su abolición, porque es un castigo "cruel, inhumano, humillante e irreversible" que a menudo se aplica "de manera injusta".
"En el contexto de Afganistán, donde la justicia controlada por los talibanes carece de cualquier apariencia de independencia o debido proceso, esto es especialmente alarmante", subrayó el relator especial de la ONU.
Bennett se mostró preocupado también por la naturaleza pública de estas ejecuciones que "deshumanizan" al condenado y además "fuerzan a la sociedad a presenciarlo".
"Bajo los talibanes las ejecuciones públicas y otros castigos crueles no son solo una forma horrible de violencia, sino también una herramienta deliberada para controlar a la población e infundir el miedo", advirtió el relator.
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La última ejecución pública tuvo lugar este 16 de octubre, cuando el Tribunal Supremo afgano anunció que se le había aplicado la pena de muerte a un hombre condenado por asesinato, en un estadio deportivo en la provincia de Bagdhís, en el noroeste del país.
