El proceso en el Tribunal Supremo, el primero contra un fiscal general en ejercicio, comenzó el 3 de noviembre y juzga si filtró un correo en el que el abogado del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, proponía un pacto al fiscal y reconocía que "ciertamente" había cometido dos delitos contra Hacienda en busca de una rebaja en la petición de condena.
Su defensa aseguró que "no hay absolutamente ni una prueba" de que García Ortiz filtrase u ordenase filtrar el correo con la admisión de dos delitos contra Hacienda de la pareja de la mandataria de la Comunidad de Madrid "porque no puede haberla".
El fiscal general afronta peticiones de entre tres y seis años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación, mientras que la Fiscalía y la Abogacía del Estado reclaman su absolución.
La Fiscalía ha defendido que García Ortiz no cometió un delito de revelación de secretos porque esa información ya había sido proporcionada previamente a varios periodistas y que, en caso de haberlo hecho él, sería "impune" al ser conocida por la prensa.
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En concreto, la Abogacía del Estado responsabiliza a González Amador de haber revelado el secreto de las negociaciones de conformidad de su causa de fraude fiscal cuando envió un correo al jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid y se reunió con el periodista del diario El Mundo que luego publicó la noticia.
Esta sexta y última sesión estuvo protagonizada por un lado por los informes de las acusaciones que vincularon la filtración a un plan político contra la pareja de Ayuso y, enfrente, una defensa que subrayó la inocencia del acusado y denunció el "juicio paralelo" en su contra.
El próximo capítulo será ya la sentencia, de la que se desconoce si estará lista antes de fin de año.
Se trata del primer proceso que sienta en el banquillo en España a un fiscal general del Estado y el acusado ha subrayado durante el mismo que este ha estado "marcado por un contexto mediático excepcional", que ha podido generar "un auténtico juicio paralelo basado en conjeturas" que han afectado a su derecho a la defensa.
A su vez, cuando la pareja de la presidenta madrileña testificó el 4 de noviembre ante el Supremo acusó al fiscal de "matarle públicamente" porque, en su opinión, tras la publicación de la información sobre el pacto que ofreció su abogado al fiscal se convirtió en "el delincuente confeso del Reino de España".
Este caso ha provocado un importante debate político en España entre el conservador Partido Popular (PP), al que pertenece Díaz Ayuso, que piensa que el fiscal general debería haber dimitido ante la imputación para salvaguardar el prestigio de la institución, y el Gobierno socialista, que nombra a este alto cargo del Estado y que defiende su inocencia.