Un equipo fiscal además solicitó la medida cautelar de prisión preventiva por presunta "resistencia, incitación a cometer hechos punibles, daños a obras construidas o medios técnicos de trabajo y tentativa de homicidio doloso", señaló el Ministerio Público en un comunicado.
El ente investigador afirmó que intervino tras recibir un informe que alertaba sobre la movilización de unas 600 personas, quienes se concentrarían en una plaza de la ciudad de Santa Rosa del Aguaray (norte) para dirigirse posteriormente a la una finca conocida como Lusipar, "con el fin de ocupar el inmueble".
Para llegar a Lusipar, explicó la Fiscalía, una "comitiva de manifestantes" intentó ingresar por un terreno de "propiedad privada" que conecta con la primera finca, donde su portón "habría sido embestido por un camión de gran porte y otros vehículos livianos".
"Los ocupantes avanzaron contra el cordón policial que resguardaba el acceso, generándose un enfrentamiento con las fuerzas del orden", agregó el Ministerio Público.
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Aseguró que "se produjeron disparos de arma de fuego que habrían sido efectuados por parte de los manifestantes" y que hirieron a dos policías.
Del lado de los manifestantes, 10 personas fueron trasladadas a un hospital para su evaluación, señaló la nota.
En total, fueron aprehendidas 42 personas adultas (20 hombres y 22 mujeres), que estaban "acompañadas de seis menores de edad", refirió la fuente.
También fueron incautados, entre otros, 27 vehículos, dos motocicletas, y se registraron "daños al patrimonio de la Policía Nacional", en concreto, a un patrullero y un ómnibus, según la Fiscalía.
Este sábado, el estatal Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de Paraguay denunció un presunto "uso excesivo de la fuerza" por parte de la policía en este caso, al tiempo que solicitó "instalar una mesa de diálogo inmediata" entre los tres poderes del Estado para atender los reclamos de los campesinos y "evitar mayor violencia".
Un grupo de campesinos, agrupados en la organización Comisión Sin Tierra del Norte, habían anunciado las últimas semanas en redes sociales su intención de ingresar el viernes a la estancia Lusipar, una propiedad que fue incautada como parte de un proceso judicial contra un narcotraficante brasileño y que se encuentra administrada por el Estado paraguayo.
Es así que desde el jueves la zona donde se ubica esa finca estuvo custodiada por al menos 700 agentes, según informó la Policía.
Los campesinos piden al Gobierno paraguayo el acceso a las tierras de Lusipar "en calidad de donación" y que esos terrenos sean incorporados a la reforma agraria, manifestó el viernes a periodistas el dirigente Elvio Benítez.