El comisario de Policía, Joe Chow, explicó que los trabajos periciales continúan abiertos y no descartó que la cifra final pueda sufrir nuevas variaciones a medida que avancen los análisis forenses. Según indicó, el proceso de identificación sigue siendo complejo debido al estado de algunos restos recuperados en el lugar del siniestro.
Chow detalló igualmente que el desmontaje de las redes de protección y de los andamiajes de bambú colocados en las fachadas comenzó el viernes, aunque, por motivos de seguridad, las labores solo se desarrollan por ahora en cuatro de los siete edificios afectados. La recogida de pruebas materiales permanece en curso y no se ha fijado una fecha para su conclusión.
El incendio se originó el pasado 26 de noviembre cuando se prendieron las mallas que recubrían las estructuras de bambú situadas entre la planta baja y el primer piso del bloque Wang Cheong House. El fuego se propagó con rapidez inusual al resto del conjunto, alcanzando a seis torres más.
Ante la magnitud de la tragedia, el Ejecutivo local constituyó una Comisión Independiente de Investigación, encabezada por un magistrado, con el mandato de esclarecer las causas del inicio del fuego y de su rápida expansión.
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El órgano deberá además examinar los procedimientos aplicados en los contratos de rehabilitación de edificios, valorar la adecuación del marco normativo vigente, analizar posibles responsabilidades penales y formular recomendaciones al Gobierno. El informe final deberá presentarse en un plazo máximo de nueve meses.
En paralelo, la Comisión Independiente contra la Corrupción (ICAC) detuvo el miércoles al actual presidente de la corporación de propietarios así como a su antecesor, en el marco de la investigación relacionada con la catástrofe.
El conjunto residencial, construido en 1983 bajo un programa público de vivienda asequible, consta de ocho torres de 31 plantas y cerca de 2.000 viviendas. De acuerdo con el censo de 2021, albergaba a 4.643 personas.
En el momento del siniestro, los edificios se encontraban envueltos por andamiajes de bambú y redes de seguridad debido a unas obras de renovación valoradas en 330 millones de dólares hongkoneses.
Investigaciones posteriores detectaron el uso de mallas sin la resistencia ignífuga exigida y de paneles de poliestireno expandido altamente inflamables, lo que aceleró la propagación del fuego y generó sospechas de recortes indebidos en materiales y fallos en los procesos de adjudicación.
Desde principios de 2024, residentes presentaron denuncias ante la ICAC por presuntas irregularidades. Las obras comenzaron en julio, mientras vecinos difundían en redes sociales imágenes de colillas abandonadas y riesgos de combustión.
En septiembre se renovó la dirección de la corporación y el Departamento de Trabajo realizó inspecciones con imposición de sanciones. La última revisión oficial tuvo lugar una semana antes del incendio.
Más de una veintena de personas han sido arrestadas por presunto homicidio imprudente y delitos vinculados a la administración pública, incluidos responsables de las empresas contratistas.