Estos documentos, que componen más de 700.000 folios de actuaciones policiales, dan cuenta de la represión ordenada por el Gobierno de Alfredo Stroessner (1954-1989) y demuestran la colaboración entre las dictaduras latinoamericanas para perseguir opositores exiliados a través del llamado ‘Plan Cóndor’, que dejó a su paso centenares de muertos.
“En Paraguay había violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, pero ninguna tenía prueba documental. Con los archivos fuimos del rumor siniestro a la verdad probada”, dijo José Agustín Fernández a EFE tras participar en el conversatorio “33 años de memoria sostenida”, que recordó el hallazgo de los “Archivos del Terror”.
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El abogado relató que ese día Martín Almada, un activista, abogado y escritor que murió el 30 de marzo de 2024, a los 87 años de edad, lo citó en un punto de la ciudad de Lambaré, a unos 11 kilómetros de Asunción, la capital de Paraguay, porque tenía información sobre archivos que podrían estar relacionados con la detención que sufrió durante la dictadura.
Agria negociación
“Seguime nomás”, dijo Almada a Fernández, que entonces contaba con 29 años, antes de llevarlo hasta una comisaría donde tuvieron acceso a una habitación de archivos tras una agria negociación con el uniformado al frente del puesto policial.
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Pero el hallazgo sobrepasó sus expectativas: miles de documentos que informaban sobre miles de casos de abusos a los derechos humanos y, como agregado, confirmaban la actuación del ‘Plan Cóndor’, la red de colaboración entre las dictaduras de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, que operó desde 1975.
Hallazgo histórico
Un día después, encontraron, enterrados en el patio de la comisaría, cientos de documentos adicionales.
“Era un caos, una vorágine”, explicó Fernández sobre esas largas jornadas de trabajo que reconoció le cambiaron la vida laboral y personal.
Fueron tantos los folios, que una cadena humana los iba trasladando a camiones que prestó un medio de comunicación para el traslado hasta el Palacio de Justicia, donde después de un tiempo pasaron a reposar en el Museo de la Memoria, un espacio que pretende alertar sobre los peligros del extremismo político.
Pedidos de censura
“Los policías registraban todo, era su deber, pero que tras la caída de la dictadura hubieran mantenido los archivos habla de lo impunes que se sentían, que era algo muy natural de ese contexto. Solo así puede entenderse”, apuntó Fernández.
También reveló que algunos viejos funcionarios le pidieron que no se revelará el contenido de los archivos.
“Pero eso no se podía parar, era una catarata que se iba a llevar por delante a quien se pusiera en medio y así se los hice saber”, señaló.
Tras el ‘Stronato’
Junto a Fernández actuó como secretario del procedimiento Julio Manuel Vasconcellos, que para la época apenas superaba los 20 años. Eran jóvenes que marcaban el rumbo del nuevo Paraguay que se abría paso tras el ‘Stronato’.
“Al principio, era una mañana como cualquier otra”, dijo Vasconcellos sobre el procedimiento que le tocaba de cerca: entre los documentos había algunos sobre su padre, un antiguo abogado y legislador que fue preso durante la dictadura pese a su militancia en el Partido Colorado, que acompañó a Stroessner durante su Gobierno.
Vasconcellos también defendió que “nada se perdió” durante el traslado de los archivos, aunque la coordinadora del Museo de la Justicia, Rosa Palau, dijo a EFE que algunas personas solían tomar “prestados” algunos documentos, muchos de ellos ya devueltos.