El ministerio sostiene que estas organizaciones no entregaron a las autoridades israelíes "información completa y verificable sobre sus empleados", y acusa a MSF, sin presentar pruebas, de que "personas afiliadas" a esta ONG estaban vinculadas a organizaciones islamistas palestinas "como la Yihad Islámica y Hamás".
En marzo de 2025, mientras proseguía la ofensiva del Ejército israelí en Gaza, el gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, introdujo nuevos requisitos para otorgar licencias a las ONG internacionales que operan en los territorios palestinos ocupados.
Además de detallar los nombres de todos sus trabajadores, Israel estipulaba como motivos para denegar el permiso negar la existencia de Israel como Estado judío y democrático, promover campañas de deslegitimación contra Israel, instar al boicot o apoyar el procesamiento de las fuerzas de seguridad israelíes en tribunales extranjeros o internacionales.
El Ministerio de la Diáspora también aseguró que las ONG afectadas ya fueron notificadas de que sus licencias se revocarán a partir del 1 de enero de 2026 y de que deben completar el cese de sus actividades antes del 1 de marzo.
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Sin embargo, MSF aseguró a EFE que, a 30 de diciembre, no ha recibido ninguna comunicación y enfatizó que, si se le impide operar en la Franja de Gaza, ello tendría consecuencias "devastadoras" para los palestinos, puesto que se encargan de alrededor del 20 % de las camas de hospital del territorio y colabora en uno de cada tres partos que se producen allí.
MSF también dijo tomarse "muy en serio" las acusaciones de que miembros de su personal estén vinculados a grupos armados, y reiteró que "nunca" contrataría a personas a sabiendas de que participan en actividades militares.