La decisión fue tomada por la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, que declaró "infundada" una solicitud presentada en septiembre pasado por la entonces fiscal general Delia Espinoza.
La petición se basó en presuntas conductas antidemocráticas y ataques sistemáticos contra instituciones de grupos afines a Fuerza Popular, así como el apoyo de la bancada fujimorista a la aprobación de diversas leyes cuestionadas en el Parlamento.
En ese sentido, Espinoza solicitaba que se declare la ilegalidad del partido y, por tanto, se anule su inscripción oficial y se ordene el cierre de todos sus locales.
Fuerza Popular ha presentado una fórmula presidencial para las elecciones generales de abril próximo en Perú liderada por Keiko Fujimori, quien buscará por cuarta vez consecutiva ocupar la jefatura de Estado, tras haber perdido en las tres ocasiones anteriores en una segunda vuelta.
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La resolución judicial de la Quinta Sala de Derecho Constitucional indicó que no se logró acreditar que los actos de hostigamiento realizados por colectivos ultraconservadores denunciados por el Ministerio Público fueran promovidos de manera directa por Fuerza Popular.
Agregó que el tribunal constató que los dirigentes del grupo político emitieron pronunciamientos públicos de rechazo y deslinde ante estas conductas violentas.
El tribunal también sostuvo que sancionar a una organización con miles de militantes por las acciones de un grupo de afiliados resulta "desproporcionado" y se debe proteger el derecho a la participación política de la mayoría de sus integrantes.
En ese sentido, concluyó que la demanda no cumplía con los criterios constitucionales de idoneidad, necesidad y proporcionalidad y remarcó que la cancelación del partido vulneraría el principio de pluralismo político, y no se justifica constitucionalmente en un Estado democrático.
La fiscal Espinoza fue suspendida en septiembre pasado por 6 meses por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), con la que mantuvo un enfrentamiento público, y a inicios de este mes el pleno del Congreso, que es controlado por fuerzas conservadoras lideradas por Fuerza Popular, la inhabilitó por 10 años para ejercer cualquier cargo público por una presunta infracción constitucional.