Tras un periodo transitorio entre 2023 y 2025 en el que sólo se exigía la notificación de emisiones, el sistema pasará a requerir la compra y entrega de certificados CBAM, cuyo precio estará vinculado al mercado europeo de derechos de emisión (EU ETS).
La medida busca evitar la fuga de carbono y garantizar una competencia equitativa entre productores europeos y extracomunitarios.
El pasado junio, las instituciones de la UE llegaron a un acuerdo para simplificar este arancel que, en la práctica, eximirá al 90 % de las empresas de tener que pagar este recargo una vez se empiece a aplicar en 2026.
Patronales del sector como la Asociación Española del Aluminio (AEA) reclamaron este otoño que se paralizara su aplicación hasta que se revisaran sus parámetros para este metal, puesto que sostuvieron que, tal y como está planteado, sería un "desastre" para el sector.
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También entrará en vigor el reglamento que crea una plataforma común de datos sobre sustancias químicas, destinada a mejorar la seguridad, la transparencia y la coordinación en la gestión de información sobre productos químicos en la UE.
La iniciativa refuerza el marco regulatorio europeo en materia de salud pública, medio ambiente e industria, y facilita el acceso a datos tanto a las autoridades como a empresas y ciudadanos.
Asimismo, desde el 1 de enero de 2026 se aplicarán las actualizaciones de los umbrales de contratación pública y concesiones para los años 2026 y 2027, aprobadas mediante reglamentos delegados.
Estos ajustes adaptan los importes a partir de los cuales se aplican las normas comunitarias de contratación a la evolución económica y a los compromisos internacionales de la UE.
Ese mismo día entrará en vigencia el nuevo Reglamento sobre la Seguridad de los Juguetes, adoptado por el Parlamento Europeo y el Consejo, que refuerza la protección de los niños frente a sustancias químicas peligrosas y mejora el cumplimiento de la normativa comunitaria.
No obstante, aunque el reglamento sobre juguetes entra en vigor el 1 de enero de 2026, sus nuevas obligaciones se aplicarán a partir del 1 de agosto de 2030, para dar tiempo a la adaptación del sector.
El texto prevé la prohibición automática de sustancias en los juguetes tan pronto como se identifiquen como peligrosas, incluidas las que alteran el sistema hormonal, dañan los pulmones, provocan alergias cutáneas o afectan a órganos específicos.
La prohibición se extiende también a las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) y a los bisfenoles, y refuerza la ya existente para las sustancias cancerígenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción.
El reglamento introduce además un pasaporte digital de producto obligatorio para todos los juguetes comercializados en la UE, con información de seguridad y conformidad accesible mediante un código QR u otro soporte digital, que podrá ser consultado también por las autoridades aduaneras en el caso de ventas en línea o importaciones.
En conjunto, estas normas refuerzan la agenda climática, industrial y de protección del consumidor de la UE de cara a 2026, con un impacto directo en el comercio internacional, la industria y la seguridad de los productos en el mercado interior.