En un comunicado publicado en Instagram, el Ministerio para el Servicio Penitenciario indicó que en las últimas horas se produjeron "88 nuevas excarcelaciones" de "personas privadas de libertad por delitos cometidos en el marco de acciones violentas de sectores extremistas, tras el proceso electoral del 28 de julio de 2024, orientados a generar desestabilización y a desconocer la voluntad soberana del pueblo venezolano".
El ministerio también explicó que estas excarcelaciones se dieron luego de un proceso de "revisión integral" en el cual el Estado "evalúa de manera individual cada situación y adopta, conforme a la Ley, medidas cautelares, como parte de una política de justicia con enfoque humanista y de preservación de la paz".
"El Estado venezolano garantiza a las personas privadas de libertad un trato digno, el respeto a sus derechos humanos y la atención integral", apuntó el despacho en el texto.
Más temprano, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad informó que durante la madrugada de este año nuevo las autoridades excarcelaron a 87 personas que permanecían recluidas en el penal de Tocorón, en el estado Aragua (norte), tras ser detenidas en el contexto de las manifestaciones.
Otro de los colectivos integrados por familiares, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), dijo en X que había "confirmado" la excarcelación de 54 detenidos en Tocorón y uno en la cárcel de El Rodeo I, en el estado Miranda (centro).
Entretanto, las ONG venezolanas Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) dijeron a EFE que se encontraban verificando el total de las excarcelaciones.
Después de las presidenciales del 28 de julio de 2024, se desató una crisis en Venezuela, a raíz de la controvertida reelección de Maduro, proclamada por el ente electoral -controlado por funcionarios afines al chavismo-, y de la denuncia de "fraude" por parte de la oposición mayoritaria, que reclama la victoria de Edmundo González Urrutia.
En este contexto, más de 2.400 personas fueron detenidas -la mayoría de ellas excarceladas- y acusadas de "terroristas", según la Fiscalía, aunque varias ONG y partidos opositores las defienden como inocentes y aseguran que son presos políticos.
Foro Penal contabilizaba, hasta el 15 de diciembre, 902 presos políticos en Venezuela, 86 de ellos extranjeros o venezolanos con otra nacionalidad, mientras que JEP los cifraba en más de 1.000.
El Ejecutivo de Maduro asegura que el país está "libre de presos políticos" y que los señalados como tal están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".