En un comunicado firmado por organizaciones como Btselem, Rompiendo el Silencio, Combatientes por la Paz, Hamoked, Médicos por los Derechos Humanos o el Comité Público contra la Tortura en Israel, afirman que "estas medidas restringen aún más el acceso a la asistencia vital" en unos territorios que se encuentran en un momento de "necesidad crítica".
Recuerdan que "paralelamente a la ofensiva israelí contra la población de Gaza, y como parte de ella, el acceso humanitario se ha visto gravemente restringido desde octubre de 2023", y añaden que a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre la ayuda esencial "continúa retrasándose o denegándose".
"La cancelación del registro de 37 ONG internacionales socava la acción humanitaria basada en principios, pone en peligro al personal y a las comunidades, y compromete la prestación eficaz de la ayuda", explican las organizaciones israelíes.
Explican que en Cisjordania, donde "la violencia militar, institucional y de los colonos israelíes alcanza niveles sin precedentes", las ONG desempeñan un "papel crucial en el apoyo a las comunidades más vulnerables".
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"Las organizaciones humanitarias internacionales son esenciales para llegar a los más necesitados, apoyar a los socios locales y garantizar la rendición de cuentas y la transparencia; bloquear su labor pone vidas en riesgo", añaden.
Y recuerdan que Israel, como potencia ocupante, tiene la obligación de garantizar suministros adecuados a los civiles palestinos. "No solo incumple esta obligación, sino que también impide que otros cubran la brecha", dicen.
El Ejecutivo israelí anunció esta semana la retirada de las licencias a estas organizaciones afirmando que no habían completado un proceso de registro que aprobó en marzo de 2025 y fue ampliamente criticado por las oenegés.
Dicho proceso, para el que Israel alegaba "razones de seguridad" de cara a detectar "terroristas", comprende la obligación de las organizaciones de dar al Gobierno israelí información sensible como los datos de todos sus empleados.
Además, el Gobierno israelí estipula como motivos para denegar el permiso negar la existencia de Israel como Estado judío y democrático, promover campañas de deslegitimación contra Israel, instar al boicot o apoyar el procesamiento de las fuerzas de seguridad israelíes en tribunales extranjeros o internacionales.
En total, hay 37 ONG afectadas de 16 países como España, Holanda, Japón, Estados Unidos, Suiza, Suecia, Francia, Reino Unido o Canadá, y entre ellas figuran algunas de renombre como Médicos Sin Fronteras (MSF), Acción contra el Hambre, OXFAM, Cáritas o Movimiento por la Paz.
Para las ONG israelíes, este nuevo marco de registro "viola los principios humanitarios fundamentales de independencia y neutralidad".
"Condicionar la ayuda a la alineación política, penalizar el apoyo a la rendición de cuentas legal y exigir la divulgación de datos personales sensibles del personal palestino y sus familias constituye un incumplimiento del deber de cuidado y expone a los trabajadores a vigilancia y daños", afirman.
Y denuncian la "instrumentalización de la burocracia", que "institucionaliza las barreras a la ayuda y obliga a organizaciones vitales a suspender sus operaciones".
"Garantizar el acceso a la ayuda humanitaria es una obligación legal, no una opción discrecional", afirman las ONG.