El amparo fue presentado por los diputados Esteban Paulón y Mónica Frade, del Partido Socialista, junto a Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, que argumentaron que el decreto viola artículos de la Constitución Nacional y de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Uno de los aspectos más controversiales del decreto es la autorización a la SIDE para solicitar apoyo técnico o logístico de las fuerzas de seguridad y para que sus agentes puedan llevar a cabo detenciones.
“En el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”, expresa el texto.
El decreto aclara que los organismos de inteligencia “no podrán cumplir funciones policiales ni de investigación judicial o criminal”, ni realizar tareas represivas, y precisa que el sistema tiene como finalidad la producción de inteligencia estratégica para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo, en el marco de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
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Consultado por EFE, Paulón dijo que el rechazo a la medida se centra en que "se otorgan atribuciones al personal de inteligencia que son propias de la policía judicial".
"Desde el Congreso vamos a insistir en la derogación de este decreto, pero, esencialmente, creemos que la Justicia tiene mucho para decir: (el decreto) no cumple ni siquiera con los requisitos formales y se inmiscuye en temas que tienen que ver con la división de poderes y que expresamente la Constitución le impide al presidente, como es la materia penal", agregó el parlamentario.
En un comunicado publicado el 2 de enero en la red social X, la SIDE afirmó que la reforma busca “acotar, definir y clarificar con precisión” las competencias del sistema de inteligencia y alinearlo con “los más altos estándares democráticos y republicanos”.
Tras su publicación en el Boletín Oficial el pasado 2 de enero, el decreto debe pasar a una Comisión Bicameral del Congreso para su tratamiento y luego al pleno de ambas Cámaras, que pueden aprobarlo o rechazarlo, pero mientras tanto estará vigente.
El Centro de Estudios Legales y Sociales, una de las principales organizaciones de derechos humanos de Argentina, criticó duramente el decreto tras su publicación, lo describió como "inconstitucional y peligroso" e instó al Congreso y a laJusticia a rechazarlo.
"Desde su asunción, Milei reformó por decreto el modelo de Inteligencia y avanzó hacia el espionaje ilegal, sin reacción del sistema político. Ahora es urgente que el Congreso y cada espacio democrático trabaje para rechazar el nuevo DNU", expresó.