Después de los ataques a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, Trump afirmó que los presos políticos están en segundo plano: "No hemos llegado a eso. Ahora mismo lo que queremos es arreglar el petróleo, arreglar el país, traerlo de vuelta y tener elecciones", dijo el republicano el lunes.
El mandatario aseguró este martes que el Gobierno de Venezuela, ahora dirigido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, está dispuesto a entregarles de 30 a 50 millones de barriles de petróleo para vender en el mercado estadounidense, y que él controlará el dinero de la venta "para garantizar -según dijo- que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos".
Más temprano, durante un discurso ante congresistas republicanos en el Centro Kennedy en Washington, el jefe de la Casa Blanca calificó a Maduro como un hombre violento que, dijo, "torturaba" personas.
"Tienen una cámara de tortura en el centro de Caracas que ahora está siendo clausurada, pero ha torturado a gente", declaró el gobernante sin dar más detalles.
Sin embargo, este martes en Venezuela no se reportaron excarcelaciones o liberaciones. Si bien Trump no lo nombró expresamente, algunas ONG venezolanas asumieron que se refería a El Helicoide, la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que ha sido señalada como centro de torturas.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón exhortó este martes al Gobierno venezolano a la liberación de todos los detenidos "de confirmarse el cierre de este centro".
La organización Foro Penal, que dirige la defensa de presos políticos, contabiliza 863 casos en el país, 86 de ellos con otra nacionalidad.
En los días de Navidad y Año Nuevo, las autoridades venezolanas anunciaron la excarcelación -con medidas cautelares- de 99 y 88 presos políticos, respectivamente. Sin embargo las ONG locales no han podido verificar todos los casos.
Hasta ahora, el Ejecutivo de Maduro ha asegurado que el país está "libre de presos políticos" y que los señalados como tal están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".
La Corte Penal Internacional abrió en 2018 una investigación a Venezuela sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.
El Gobierno de Nicolás Maduro intentó repetidamente frenar el caso, alegando que su sistema judicial está llevando a cabo investigaciones internas, pero la Corte rechazó esa posición en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas.