AI recordó en un comunicado que este episodio constituye "una de las violaciones de derechos humanos más graves de la historia reciente de Perú", donde "entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 fueron asesinadas cincuenta personas, entre ellas menores de edad".
Por ello, denunció que la desarticulación del equipo especial que investigaba la actuación de la Policía y de las Fuerzas Armadas contra los manifestantes "podría afectar a la especialización, continuidad y avances en las investigaciones, impactando el acceso a la justicia de las víctimas, e incrementando la impunidad".
"Recordamos que la creación de este equipo respondió a la necesidad de contar con fiscales especializados en derechos humanos a dedicación exclusiva", apuntó Amnistía.
"A tres años de los asesinatos, instamos a las autoridades a fortalecer y no debilitar las investigaciones para garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas y sus familias, así como las garantías de no repetición para toda la población", concluyó.
Las manifestaciones sucedieron en la zona sur de los Andes peruanos, donde Castillo contaba con mayor apoyo popular, luego de su detención y encarcelamiento tras el fallido golpe de Estado que trató de perpetrar en diciembre de 2022 para evitar una eventual destitución por parte del Congreso, de mayoría opositora, tras salir a la luz nuevos indicios de corrupción que le vinculaban directamente a él.
Las protestas se avivaron tras la negativa de Boluarte a convocar nuevas elecciones e intentar permanecer en el cargo hasta cumplir el periodo presidencial 2021-2026 con el apoyo de las fuerzas conservadoras que dominan el Congreso, que propiciaron la caída del izquierdista Castillo.
Esas mismas fuerzas en el Parlamento destituyeron a Boluarte del cargo en octubre pasado, tras acusarla de una "incapacidad permanente" para enfrentar el avance de la criminalidad en el país.
Este viernes se cumplen tres años de la llamada masacre de Juliaca, donde dieciocho personas murieron presuntamente por disparos de la Policía durante las protestas registradas en esa ciudad del altiplano peruano, cercana a la frontera con Bolivia.