El presidente de la UVP, el exdiputado opositor Óscar Pérez, advirtió a través de un comunicado que la presencia y actuación de estructuras civiles armadas en Venezuela, con capacidad de fuego militar y funciones de control territorial y coerción política, ha profundizado la crisis institucional en el país y ha agravado los riesgos regionales vinculados al tráfico ilícito de armas y el crimen transnacional.
La organización no gubernamental apuntó que estos grupos civiles armados, frecuentemente denominados "colectivos revolucionarios", operan como estructuras paraestatales y han sido dotados con armas de guerra, equipos de comunicación y capacidades operativas "que exceden cualquier forma de organización civil".
Además, están siendo utilizados para agredir, amedrentar y perseguir a ciudadanos que expresan su oposición política al régimen del presidente Nicolás Maduro, y en la coyuntura actual, por la estructura de poder que ejerce la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ahora presidenta encargada tras la captura del mandatario por las fuerzas militares de Estados Unidos.
"Este patrón constituye, en los hechos, una política de terror y represión contra la población civil, incompatible con el Estado de Derecho y con las obligaciones internacionales del Estado venezolano en materia de derechos humanos", agregó Pérez.
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Sostuvo que la proliferación de armas de guerra en manos de actores no estatales socava el monopolio legítimo de la fuerza. "No puede hablarse de paz ni de democracia donde existen grupos armados civiles con fusiles y armas de alto poder actuando como instrumentos de intimidación y persecución política, señaló.
El pronunciamiento subrayó que el Consejo de Seguridad de la ONU tiene la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacional y, por tanto, la potestad de examinar situaciones internas con capacidad de producir desestabilización regional, violaciones sistemáticas de derechos humanos y expansión del crimen transnacional.
La UVP también solicitó impulsar un mecanismo internacional de control y rastreo de armas para reducir el desvío, transferencia ilícita y acumulación irregular de armamento y exigir garantías verificables de protección a civiles, incluyendo el cese de intimidación armada y persecución política.