Las protestas se han extendido a 92 ciudades de 27 de las 31 provincias del país en unos choques que se han cobrado la vida de 36 personas, de ellos dos miembros de las fuerzas de seguridad y el resto manifestantes, cerca de un millar han resultado heridas y 2.076 manifestantes han sido detenidos en 11 días, según datos de organizaciones de derechos humanos.
Hoy mismo, decenas de ciudades del país han sido escenario de nuevas protestas, entre ellas Teherán (norte), Shiraz, Fasa y Bandar Abás (sur), Tabriz (noroeste), Qazvín (norte), Gonabad y Neyshabur (noreste), entre otras, pese al amplio despliegue de fuerzas de seguridad, según videos publicados por ONGs y activistas en redes sociales.
Así, el simbólico Gran Bazar de Teherán estaba prácticamente cerrado, con apenas tiendas abiertas por segundo día consecutivo para mostrar su malestar con la caída del rial y la alta inflación, causa inicial de las protestas.
En esta jornada, las protestas llegaron además al mercado del sureño barrio de Shoush, especializado en electrodomésticos y productos de cocina, donde la mayoría de tiendas permanecían cerradas.
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En la occidental de Kermanshah, la Policía entró en la Universidad Islámica Azad para poner fin a las manifestaciones que llevaban a cabo estudiantes y fueron detenidos varios de ellos, según vídeos de activistas.
En Shiraz, imágenes en redes muestran que las fuerzas de seguridad atacaron a comerciantes que cerraron sus tiendas y usaron gas lacrimógeno.
Mientras las protestas continúan extendiéndose poco a poco, pero sin llegar aún a los niveles masivos de las de 2019, desatadas por el precio del combustible, o las de 2022 por el velo islámico, el Parlamento iraní celebró una sesión a puerta cerrada con el equipo económico del Gabinete para estudiar la situación financiera del país.
En los últimos días, el Gobierno del presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha aprobado algunas medidas destinadas a aliviar la situación económica de la población iraní, detonante de las protestas que comenzaron el 28 de diciembre.
Así, las autoridades comenzaron este miércoles a ofrecer ayudas de 10 millones de riales mensuales -unos siete dólares al cambio no oficial- a la población para adquirir productos básicos como leche, carne, huevos o aceite, una medida anunciada a principios de semana.
Este mecanismo tiene como objetivo “preservar la capacidad de compra de los hogares, controlar la inflación y asegurar la seguridad alimenticia”, según explicó el lunes la portavoz del Gobierno, Fatemeh Mohajerani.
Con 10 millones de riales sería posible adquirir en estos momentos un litro de aceite, un kilo de pollo y una docena de huevos, por lo que analistas como Esfandyar Batmanghelidj han calificado las ayudas de “insignificantes” y que no detendrán “el pesimismo económico”.
El Parlamento además aprobó un proyecto de ley para elevar los salarios un 43 % a partir del próximo año nuevo iraní, que comienza el 21 de marzo, más del doble del 20 % previsto inicialmente.
Pero con una inflación anual superior al 42% y una inflación punto a punto que en diciembre superó el 52% respecto al mismo mes del año anterior las medidas parecen quedarse cortas para los manifestantes, que continúan en las calles con gritos de "Muerte a Jameneí", el líder supremo de la República Islámica.
A este respecto, Pezeshkian ordenó que las fuerzas de seguridad no hagan frente a los manifestantes cuando la seguridad nacional “no se vea comprometida” y que diferencien los comerciantes que protestan de los “amotinados”, según explicó a medios el vicepresidente Mohammad Jafar Ghaempanah.
El jefe del Poder Judicial iraní, Gholamhosein Mohseni Ejei, advirtió por su parte que “no habrá “clemencia para quienes ayudan al enemigo contra la República Islámica” y acusó a Estados Unidos e Israel de tratar de desestabilizar el país. EFE
