La decisión salió de una reunión entre el pleno y las juezas y jueces de las dependencias judiciales especializadas en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, que se realizó precisamente para articular acciones que mejoren las condiciones en las que trabajan.
Durante el encuentro, el pleno de la Judicatura ratificó que los jueces "cuentan con el apoyo institucional para el ejercicio de sus funciones" y señaló que, pese a las limitaciones presupuestarias, trabajan, "de manera prioritaria, en reforzar las medidas de seguridad" para ellos y sus equipos técnicos.
El pasado 26 de diciembre se hizo pública una carta en la que diez jueces anticorrupción denunciaron al Consejo de la Judicatura que enfrentaban condiciones laborales precarias y falta de protección.
Aseguraron que los informes de riesgo que les realizan "no obedecen a la realidad", ya que, según los analistas, el nivel de riesgo disminuye con el tiempo, cuando sus cargos son una "fuente de peligro" que aumenta con la exposición pública.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Señalaron también que solo les habían asignado dos policías, pero sin logística ni financiamiento, ya que ellos deben cubrir los gastos de ese personal.
La carta fue enviada después de que se conoció que uno de sus compañeros, el juez Carlos Serrano, renunció a su cargo tras recibir supuestas presiones por parte de un funcionario de la Judicatura por un caso de lavado de activos en el que fue procesado un narcotraficante serbio, y también supuestas amenazas por ser parte del tribunal que sentenció al extranjero.
Ese caso llevó al correísmo, la principal fuerza política de oposición del Gobierno de Daniel Noboa, a impulsar un juicio político en contra el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, cuya esposa había defendido al serbio en la fase de investigación previa.
La relatora de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, también mostró este jueves su preocupación por la seguridad de los magistrados anticorrupción y dijo que es "obligación del Estado garantizar la seguridad y la integridad personal de los funcionarios judiciales y adoptar medidas para asegurar su derecho a la vida".