Hasta el momento, los trabajadores, cumpliendo una serie de requisitos previos en cuanto a tiempo trabajado, podían mantener durante muchos años una prestación que con el paso del tiempo se reducía, pero que en la práctica nunca acababa.
Los sindicatos mayoritarios del país, CSC, FGTB y CGSLB, presentaron el pasado 29 de octubre demandas de anulación y suspensión a la nueva norma al considerarla "un ataque sin precedentes a uno de los pilares de la seguridad social belga".
"Ningún solicitante ha demostrado suficientemente que la aplicación inmediata de las disposiciones legislativas impugnadas pueda causarles un perjuicio grave e irreparable", sostuvo el Tribunal en una extensa sentencia en respuesta a las demandas a las que también se unieron la Red Belga de Lucha contra la Pobreza, la Liga de las Familias y la Liga de los Derechos Humanos.
En las demandas, las organizaciones expusieron casos concretos de personas con nombre y apellidos, su edad, su situación laboral y el perjuicio que supuestamente les iba a causar la retirada del beneficio, que se efectuará por olas en función del tiempo que cada persona haya estado recibiendo la prestación junto a otros factores socioeconómicos.
Para que el Tribunal Constitucional decidiera sobre la suspensión, debían cumplirse dos condiciones: la demostración de un daño grave e irreparable sufrido por uno de los demandantes y la presentación por parte de estos de un argumento sustancial.
El viceprimer ministro y titular de la cartera de Empleo, David Clarinval, celebró la decisión del Constitucional y sostuvo que la reforma "es necesaria para garantizar la sostenibilidad de la seguridad social y fortalecer el apoyo al empleo".
"Me complace que el Tribunal Constitucional haya rechazado la solicitud de los sindicatos de suspender su oposición a la limitación del desempleo. La reforma es necesaria para garantizar la sostenibilidad de nuestra seguridad social y fortalecer el apoyo al empleo", dijo.
La reforma, aprobada por la Cámara el 18 de julio de 2025 y publicada en el 'Moniteur belge' (Boletín oficial del Estado belga) el 29 de julio de 2025, entrará en vigor el próximo 1 de marzo de 2026, limitará los pagos a un máximo de 24 meses, y busca "abogar por la vía rápida a la activación del empleo", según explicó Clarinval el día de su aprobación.