Este Acuerdo sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (BBNJ) -como se denomina oficialmente- establece, por primera vez, un marco jurídico para salvaguardar la biodiversidad en aguas internacionales, que abarcan casi un 50 % de la superficie del planeta.
Al convertirse en Ley internacional, con la ratificación de 82 países, el documento aporta garantías de que los beneficios de los recursos oceánicos se repartirán entre los países equitativamente.
En un comunicado, la embajadora de Singapur para el Derecho Internacional, Rena Lee, que presidió las negociaciones y fue clave para lograr su adopción en 2023, ha subrayado que su entrada en vigor supone "un hito para el multilateralismo y para los años de dedicación, diálogo y ardua labor cooperativa de innumerables personas comprometidas en todo el mundo".
Ese documento permite delimitar áreas marinas protegidas (las AMP) en alta mar; establecer obligaciones sobre cómo garantizar el uso sostenible de los recursos oceánicos; priorizar el desarrollo de capacidad y el acceso a la tecnología y establecer mecanismos para garantizar una distribución equitativa de los beneficios.
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Por su parte, la directora de la Alianza por la Alta Mar, Rebecca Hubbard, recuerda que "las aguas internacionales están llenas de vida, desde el diminuto plancton hasta las grandes ballenas que dependen de él" y considera que se está "empezando a comprender lo importante que es este vasto mundo interconectado para la salud de todo nuestro planeta".
Varias obligaciones legales que detalla el documento dependerán de la creación de las instituciones y mecanismos del tratado aunque algunas se tendrán que implementar de manera inmediata desde el primer día.
Así lo ha explicado en una sesión virtual con medios de comunicación celebrada esta semana la coordinadora regional para Asia de la Alianza de Alta Mar, Reza Sakharjahukos.
Sobre este punto, por ejemplo, las Partes tendrán la obligación de llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental en caso de que haya alguna actividad planificada en zonas que estén fuera de la jurisdicción nacional o cualquier actividad dentro de la jurisdicción nacional con un impacto significativo en alta mar.
Los gobiernos deberán notificar públicamente dichas actividades y, al mismo tiempo, las partes deben promover los objetivos del tratado cuando participen en otros organismos internacionales, como los que regulan el transporte marítimo, la pesca y la minería de los fondos marinos.
Tras la puesta en marcha del texto, los países deberán celebrar la primera Conferencia de las Partes del Tratado "antes del 17 de enero de 2027 como muy tarde" en Nueva York (EE. UU.), según indicó esta semana Adam McCarthy, primer secretario adjunto del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia y copresidente del Comité Preparatorio de BBNJ, donde ejerce de asesor jurídico.