“Si Ursula von der Leyen, si la Unión Europea lo impusiera mediante la aplicación provisional, constituiría, dada la votación de ayer en Estrasburgo (sede de la Eurocámara) una forma de violación democrática”, afirmó la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, en un programa de la radio Europe1 y la televisora Cnews.
Y añadió: “No me lo imagino. Creo que las consecuencias, sobre todo en la relación de los ciudadanos con la Unión Europea, serían profundamente perjudiciales. No se construye Europa contra la soberanía popular. No se construye Europa contra el Parlamento Europeo, que es elegido” por sufragio universal.
Con el voto del Parlamento Europeo del miércoles, el acuerdo comercial con Mercosur queda suspendido hasta que el TJUE emita su dictamen, pero la Comisión Europea tiene la facultad, si lo estima conveniente, de aplicarlo provisionalmente.
Un portavoz comunitario dijo la víspera que la decisión no está tomada y que, tras la decisión de la Eurocámara, ese tema lo discutirán probablemente los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea durante la cumbre extraordinaria que celebran este jueves, convocada en principio para abordar las relaciones con Estados Unidos.
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El miércoles, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, subrayó que el voto del Parlamento Europeo era “muy importante” y debía “ser respetado”, en un claro mensaje a la Comisión Europea para que no lo aplique provisionalmente.
“Lo ocurrido ayer demuestra que son, efectivamente, los cargos electos, elegidos por sufragio universal en cada uno de los países de la Unión Europea, quienes, en última instancia, tienen la última palabra (...) Ellos son quienes, una vez más, tendrán la última palabra en la votación de ratificación, que se ha pospuesto unos 18 meses. Pero son ellos quienes decidirán. Así que el trabajo de persuasión debe continuar”, dijo la portavoz del Gobierno.
Francia fue uno de los pocos países de la Unión Europea que votó en contra de firmar el acuerdo hasta que no se garantizase la protección de la agricultura europea.
En este sentido, Bregeon destacó la unidad de todas las fuerzas políticas francesas contra el Mercosur.
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“Todos los eurodiputados votaron a favor de llevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, todos los eurodiputados franceses, y por una vez tenemos un consenso nacional, y eso es excelente”, subrayó la portavoz.
Todos los grupos políticos franceses y los sindicatos agrícolas del país acogieron ayer con júbilo la decisión del Parlamento Europeo de remitir el acuerdo al TJUE para que revise si es compatible con los tratados europeos.
La iniciativa fue aprobada por una estrecha mayoría en la Eurocámara - 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones -, y paraliza en la práctica la tramitación del pacto entre la UE y el Mercosur hasta que los jueces dicten su opinión, lo que suele alargarse entre 18 y 24 meses.
Entre otras cuestiones, el TJUE deberá pronunciarse sobre los fundamentos del mecanismo de reequilibrio, que permitiría a cada país del Mercosur reclamar una compensación financiera si la aplicación de nuevas normas sociales o ambientales penalizara a sus empresas.