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El Gobierno de Nicaragua guarda silencio sobre la expulsión del embajador de España

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San José, 26 ene (EFE).- El Gobierno de Nicaragua que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, guarda este lunes silencio sobre la expulsión del embajador español en Managua, Sergio Farré Salvá -que llevaba menos de dos meses en el puesto- y de la segunda jefatura de España en el país centroamericano.

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Ni Ortega ni Murillo ni la Cancillería se han referido a la expulsión del diplomático español ni a la de su embajador en Madrid, Maurizio Carlo Gelli, y de otro diplomático de Managua, ordenada por el Gobierno de España en "estricta reciprocidad" por la "injusta expulsión" de Farré Salvá, quien reemplazó a Pilar Terrén.

Tampoco los medios oficiales y sandinistas han hecho eco de la noticia, que ocurre en medio de constantes roces entre los Ejecutivos de Ortega y Murillo y el de Pedro Sánchez.

El hasta ahora embajador de Nicaragua en Madrid, Mauricio Carlo Gelli, confirmó este lunes que ayer recibió la orden de expulsión del Gobierno de España y que ya se encuentra fuera del país.

En declaraciones a EFE, Gelli detalló que España le había "aplicado la reciprocidad" y que ya estaba camino de Nicaragua, con escala en Roma.

"Cada país es soberano y toma sus decisiones", añadió el embajador, que no quiso entrar en más valoraciones.

Por su lado, la Fundación para la Libertad de Nicaragua condenó enérgicamente este lunes "las acciones hostiles de la dictadura" de Ortega y Murillo contra España, "un aliado histórico y fraterno del pueblo nicaragüense".

En una declaración, esa ONG que preside el dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado Félix Maradiaga, hizo "un llamado urgente a la comunidad internacional, y en particular a España, para que intensifiquen la presión y la firmeza contra este régimen opresor", y agradeció "la solidaridad democrática mostrada hacia los nicaragüenses forzados al exilio y hacia aquellos que resisten dentro de Nicaragua bajo condiciones de represión extrema".

"Instamos a España a hacer uso de todos los instrumentos e instituciones del derecho internacional y de la diplomacia multilateral –como la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas– para forzar al régimen de los Ortega Murillo a una transición democrática, que incluya la liberación de presos políticos, el respeto a los derechos humanos y la posterior celebración de elecciones libres y transparentes bajo una amplia observación internacional", abogó.

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