El Ejecutivo comunicó esa iniciativa después de que la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, anunciara el acuerdo con el PSOE, partido gobernante en España, con el objetivo de regularizar en torno a medio millón de personas.
Según Montero, la medida implica “que tendrán papeles todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia”.
Podrán hacerlo con el empadronamiento municipal, pero también con otros medios como un informe médico, un contrato de suministro eléctrico o un certificado de envío de dinero, algo muy demandado por las entidades sociales debido a las dificultades que muchas veces enfrentan las personas en situación de irregularidad para acceder el padrón.
La admisión a trámite de la solicitud ya dará una autorización de residencia y trabajo por un año y suspenderá automáticamente los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesaran sobre la persona.
Al término de ese año podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones precisan que este real decreto tiene como objetivo garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente.
Al tramitarse como un real decreto, el Ejecutivo español no requiere de su convalidación parlamentaria y puede esquivar así la falta de apoyos que los socios de Gobierno han encontrado en materia migratoria.
Gobiernos liderados tanto por el PSOE como por el conservador Partido Popular (PP) han aprobado desde los años ochenta hasta ocho procesos extraordinarios de regularización de inmigrantes con los que han intentado reducir las crecientes bolsas de ciudadanos extranjeros sin derechos y luchar también contra la economía sumergida.
El centro de análisis Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros) informó este lunes de que la cifra de migrantes que viven en España en situación administrativa irregular sigue creciendo y ya se sitúa en 840.000 personas.
Por origen, destacan las nacionalidades del continente americano (760.000), que representan el 91 % del total de la inmigración irregular, y en especial la colombiana (cerca de 290.000), la peruana (casi 110.000) y la hondureña (90.000).
Las nacionalidades africanas (50.000), asiáticas (15.000) y europeas (14.000) se encuentran a bastante distancia.
Los datos son anteriores a la última reforma del reglamento de extranjería español, que entró en vigor en mayo de 2025 e introduce cambios para flexibilizar el acceso a la regularización por arraigo.