Al confirmar la recepción de los dos proyectos, que deberán ser tratados en un mes, el presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Niels Olsen, dijo que el primero "busca ordenar y hacer más eficiente el gasto de los gobiernos locales, para que más recursos vayan a obra pública y servicios para la gente".
"El segundo apunta a fortalecer los sectores estratégicos de energía y minería, clave para atraer inversión, generar empleo, sostener la economía y combatir la minería ilegal", indicó en su cuenta de la red social X.
Anotó que ambos proyectos "serán tratados con responsabilidad, diálogo y dentro de los plazos que establece la ley".
El proyecto de Ley calificado de urgencia en materia económica para el sector minero tiene como objeto fortalecer la inversión, optimizar los procesos administrativos, mejorar los mecanismos de control, incrementar la seguridad jurídica y promover una explotación técnica, ambientalmente responsable y socialmente sostenible del sector minero.
El articulado propuesto establece reformas en la Ley de Minería relacionadas a: procedimientos administrativos y autorizaciones previas, régimen de patentes de conservación, etapas de exploración y explotación, y el incentivos a la inversión mediante clústeres (agrupaciones) mineros, según consta en los fundamentos técnicos.
Además, el fortalecimiento del control ambiental, régimen de regalías, regulación de la pequeña minería y minería artesanal, y seguridad estratégica en áreas mineras.
De acuerdo al Servicio de Rentas Internas, el proyecto de ley calificado de urgencia en materia económica para reformar la Ley de Minería, no tiene afectación directa ni inmediata en los recursos públicos, "por lo que el impacto fiscal resulta neutro", anota.
La Constitución establece que el presidente podrá enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley calificados de urgente en materia económica, pero determina que "mientras se discuta un proyecto calificado de urgente (...) no podrá enviar otro, salvo que se haya decretado el estado de excepción", como es el caso de varias provincias de Ecuador afectadas por altos índices de inseguridad.