"Estoy a favor de una 'cuestión preliminar'", es decir, una moción para rechazar el presupuesto incluso antes de examinar el fondo del proyecto de ley, anunció Larcher a la cadena Franceinfo.
En opinión del presidente del Senado, "no hay necesidad de reabrir el debate" sobre las cuentas del Estado para 2026 e insistió en que es "un mal presupuesto", que el Gobierno consensuó con los socialistas y con la derecha moderada.
Tras superar varias mociones de censura en la Asamblea Nacional, dos el viernes a la parte de ingresos y otras dos la víspera a la parte de los gastos, presentadas por la extrema derecha e izquierda, el presupuesto de 2026 sigue su trámite parlamentario en el Senado, donde será examinado mañana jueves. Rechazarlo de plano permite que vuelva rápidamente a la Asamblea Nacional.
El primer ministro, Sébastien Lecornu, tendría entonces que invocar la responsabilidad del gobierno por tercera vez, incluso el viernes, lo que allanaría el camino para la aprobación final del proyecto de ley el 2 o 3 de febrero.
Eso supondrá una bocanada de oxígeno para el Ejecutivo y para el presidente, Emmanuel Macron, ya que evita un nuevo adelanto electoral como le reclaman la extrema derecha de Marine Le Pen y la izquierdista La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon.
Hace unos meses la esperanza de vida del Gobierno Lecornu parecía corta, pero el primer ministro ha sabido maniobrar en una Asamblea en la que carecía de mayoría para lograr la principal tarea que le encargó el presidente, adoptar unas cuentas para este año.
De lo contrario, Macron se habría visto obligado a disolver la cámara baja y convocar unas legislativas en las que los sondeos auguraban una nueva caída de sus votos y una subida de la extrema derecha.
Para evitarlo, Lecornu ha otorgado concesiones a los socialistas, como el mantenimiento del gasto social y de los subsidios de desempleo, o la congelación de los impuestos a los particulares, que se suman a la congelación del retraso de la edad mínima de jubilación hasta los 64 años que ya habían conseguido a finales del año pasado para adoptar las cuentas de la Seguridad Social.
El proyecto del Gobierno prevé mantener el déficit público en el 5 % del producto interior bruto (PIB), dentro de la trayectoria descendente para la que se había comprometido con Bruselas y que prevé situarlo por debajo del 3 % en 2029.
Para ello, las cuentas incluyen importantes recortes en los gastos de funcionamiento del Estado, salvo en los ministerios de Defensa, que incluye un importante incremento del gasto militar para afrontar la difícil situación geopolítica actual, Interior, Justicia, Educación y Transición Energética.
Además, el proyecto gubernamental prolonga el impuesto especial a las grandes empresas ya introducido en las cuentas de 2025, que prevé recaudar unos 8.000 millones de euros entre las 300 mayores sociedades del país.