Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos concluyó este miércoles que la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de eliminar el beneficio otorgado por el expresidente Joe Biden (2021-2025) es ilegal.
En la opinión, el juez Salvador Mendoza argumentó que la orden de poner fin al amparo, que protege de la deportación y otorga autorización para trabajar “contradice” el estatuto del Congreso.
El magistrado también consideró ilegal la decisión de la administración porque estaba motivada por animosidad racial contra los venezolanos.
Pese al fallo, la decisión no tendrá un efecto práctico inmediato debido a que el Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió el pasado octubre que la medida entrara en vigor mientras el caso presentado en California sigue su curso.
En ese sentido, Jessica Bansal, abogada de TPS de la Red Nacional de Organizaciones de Trabajadores Jornaleros (NDLON), que hace parte de los abogados que defienden a los venezolanos, dijo en un comunicado que a pesar de la victoria los beneficiarios del TPS “aún enfrentan” las posibilidades de detención y deportación.
“La magnitud de la ilegalidad en nuestro sistema de inmigración en este momento es realmente difícil de comprender”, declaró la abogada.
De los 600.000 venezolanos amparados por el TPS, 250.000 perdieron el amparo en noviembre pasado y a los otros 350.000 se les vence la protección en octubre próximo.
Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política Migratoria (CILP) de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), quien argumentó el caso en nombre de los demandantes, espera que el Gobierno Trump “sin duda seguirá deteniendo y deportando ilegalmente” a los beneficiarios del TPS venezolanos debido a la orden de la Corte Suprema a la que calificó de “ilegal” .
El panorama no es muy alentador para los venezolanos que encontraron en este beneficio un alivio. Y es que, se espera que el Gobierno Trump apele la decisión del Noveno Circuito ante el Supremo, dominado por jueces conservadores que ya respaldaron una vez a la administración.
Sin embargo, activistas como José Palma, coordinador de la Alianza Nacional TPS, que ha impulsado la demanda, dijo que la fuerza de la comunidad mantiene las esperanzas de ganar.
La Alianza ya se alzó con una victoria tras lograr mantener el TPS para seis países, después que Trump rescindiera el beneficio en 2017.
“Venezuela y Haití fueron solo la punta del iceberg, pero la administración ha procedido a eliminar las protecciones del TPS para todos los grupos de personas que dependían de estas protecciones. Este es un intento generalizado de destruir el programa TPS, que fue creado con el propósito expreso de limitar el poder arbitrario y descontrolado del ejecutivo”, dijo Emi MacLean, abogada principal de la Fundación de la ACLU del Norte de California.
Los demandantes están representados por NDLON, las Fundaciones de la Unión Estadounidense de los Derechos Civiles (ACLU) del Norte y del Sur de California, el Centro de Derecho y Política Migratoria (CILP) de la Facultad de Derecho de la UCLA y la Alianza Puente Haitiano.
Palma recordó que el Congreso estadounidense tiene en sus manos la posibilidad de proporcionar un estatus permanente para esta comunidad. “La justicia para nuestra comunidad exige nada menos”, esgrimió el activista.